En España rige la Convención Internacional de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en Nueva York en el año 2006 y ratificada por España el 3 de mayo de 2008, por lo que desde entonces este cuerpo normativo internacional forma parte del ordenamiento jurídico. El texto establece postulados como el respeto de la dignidad y autonomía personal, la no discriminación, la inclusión plena y efectiva, la aceptación de personas con discapacidad como parte de la diversidad humana, o la igualdad de oportunidades.
