El juez Leonardo Álvarez pidió a la propia denunciante que facilitara DNI o domicilio del exalcalde Manuel Cabezas, investigado en el caso del 10%, relativo a esa porción de aprovechamientos urbanísticos que los promotores no cedieron al Concello de Ourense por la falta de un PXOM adaptado, antes de 2003. La acusación, ejercida por la exedil del PSOE Áurea Soto, que ve una malversación de 1,6 millones de euros, emplazó a preguntar al interventor. Antes de que el Concello contestara, el exregidor optó por facilitar el trámite, acudiendo personalmente al juzgado. Dio sus datos para poder ser llamado a declarar por el juez.
El magistrado decidió llamar con abogado a Cabezas y Fernando Díaz Salcedo, uno de sus exediles de Urbanismo, tras varios intentos fallidos de toma de declaración al testigo clave, el exsecretario Mariano Rodríguez. El técnico, ya jubilado y con problemas de salud, elaboró el informe que dio lugar a un acuerdo unánime del pleno, en 1994 -gobernaba el socialista Manuel Veiga Pombo-, a favor de que la institución no exigiera el 10% hasta que hubiera un plan general adaptado. Cabezas ve un aval a su defensa en ese informe del técnico, que entonces era secretario de las comisiones de Urbanismo y de Gobierno, además del pleno. El exregidor recuerda aquel apoyo de todos los grupos, PSOE incluido, y que el jefe de servicio en funciones de Urbanismo descartó ilegalidad en una contestación al Consello de Contas.
