Leonardo Álvarez lidió con una tarea mayúscula nada más ser elegido decano de Ourense, hace poco más de un año: la mudanza de la mayoría de juzgados de la capital y el rechazo que la configuración del nuevo edificio provocó a todos los colectivos de la administración. A punto de cumplirse un año de la puesta en marcha de la nueva sede, el portavoz de los jueces mantiene varias de las quejas y peticiones de cambios que planteó por carta a la Xunta. Abrir huecos de ventilación, retirar del sótano la oficina de atención al ciudadano y seguir mejorando la iluminación son algunas de las que subraya.
El decano es uno de los tres magistrados instructores de la ciudad. Por sus manos han pasado varias causas contra políticos; fue quien sentó en el banquillo a José Luis Baltar y también llevó a juicio a los excargos del BNG por el caso de los paneles (todos absueltos). La exconcejal Áurea Soto, imputada por él en dos procesos, lo acusó de haber falsificado un auto de la Plaza San Antonio, el caso que la obligó a dimitir y del que ha salido exculpada. El juez considera "desafortunadas" las manifestaciones de la exedil en su alegato final.
- Un año de la puesta en marcha del nuevo edificio. ¿Estáis adaptados ya tras el malestar inicial?
-Cuando el defecto está en la base, en el proyecto, mal va a se va a contentar la gente. El problema es que falta luz natural, algo que no se va a arreglar, y tampoco hay ventilación, lo que tiene mala solución.
- La Xunta llevó a cabo varias reformas en respuesta a las quejas y demandas generalizadas. ¿Hay posibilidad de que se hagan obras?
- Mejoró la iluminación de las oficinas, colocó termostatos, corrigió algunos problemas de seguridad, como la instalación de barandillas por las caídas en la escalera de acceso, y lo fundamental es que creó un habitáculo para las víctimas de violencia de género. Creo que sí existe la posibilidad de que haya más mejoras y estoy convencido de que la Xunta lo va a hacer.
- ¿Qué es lo más necesario entre las carencias que se mantienen?
-Seguir mejorando la iluminación, tanto en oficinas como en los despachos, y la ventilación natural, que es fundamental en las consultas de los médicos forenses y en el juzgado de guardia, por cuestiones de higiene. También sería muy aconsejable en los despachos. El conselleiro Alfonso Rueda me dijo que estaba bastante proclive a poner ventanas, como mínimo en las consultas de los médicos forenses, pero que entrañaría un problema de seguridad. Por otra parte, consideramos básico que la oficina de atención al ciudadano, situado en el sótano, se ubique en la planta principal, junto al control de accesos.
- ¿Hacen falta nuevos juzgados o la planta actual es suficiente?
- Tanto el presidente de la Audiencia, Antonio Piña, como yo hemos reivindicado un juzgado de instancia y un tercero de lo Penal. En Ourense actualmente tenemos dos jueces volantes, los JAT, adscritos al Tribunal Superior de Xustiza, y que están reforzando Familia y el Penal Número 2. Además contamos con la figura de apoyo al JAT, con una juez que está cubriendo una baja de maternidad. Mi petición es que el juzgado de Familia sea exclusivo, que el Mercantil también, y que se cree un séptimo juzgado de primera instancia para absorber el trabajo. Según Piña, la Xunta era favorable a crear un instancia en Ourense pero no cuajó por un problema presupuestario. Hace unos meses, celebramos una junta de jueces de Primera Instancia. Familia quería un trato como exclusivo, la magistrada lo recurrió y yo hice un informe. Considero que Familia y Mercantil tienen números para ser exclusivos, pero supondría sobrecargar al resto. Por eso hace falta un nuevo primera instancia.
- ¿Se han acortado ya plazos de instrucción desde la entrada en vigor de la ley que la limita, antes de prórrogas, a 6 o a 18 meses?
- La velocidad y el trabajo son los mismos. Cuando no sea factible cerrar un caso en 6 meses, habrá que prorrogar. Los asuntos son los que son y el trabajo, también. Mi forma de trabajar no ha cambiado.
- ¿Han entrañado dificultad el resto de reformas sucedidas en estos últimos meses, como la transformación de faltas en delitos leves, o el derecho a que los detenidos hablen primero con un abogado?
- Dificultad, no, pero todo cambio obliga a estudiar, trabajar mirando el Código e ir adaptándose. Con los delitos leves, se despenalizaron algunas de las antiguas faltas, lo que ayudó a reducir la carga de trabajo, hubo un caso sustancial. Como dato, y aunque es aproximado, porque depende de cómo coincidan las guardias, hasta el 26 de febrero de este año llevo puestas 56 sentencias entre juicios rápidos y delitos leves, con 0 asuntos pendientes. A 26 de febrero del año pasado había dictado 112.
- ¿Ha aumentado algún delito?
- En mi juzgado yo sí que he notado un incremento de los quebrantamientos de condena de todo tipo como incumplir una localización permanente o trabajos en beneficio de la comunidad.
- ¿Conseguirá el sistema Lexnet el objetivo de eliminar el papel en el juzgado, tal y como se anunció?
- Todo lo que supone cambio implica descontento y protestas. Me hacen llegar quejas de los fallos de la plataforma informática, y es verdad que los funcionarios tienen que generar papel de la demanda telemática para poder trabajar o dar copia a las partes. Se ahorra dinero al particular a costa de la administración pública. Para llegar al expediente digital hacen falta más recursos y mucha formación.
- Hace un año dijo a FARO que el caso contra Baltar padre abrió la veda de las denuncias a políticos y que era un "sinvivir". ¿Por qué ha caído ese frenesí de nuevos casos?
-Creo que los propios políticos tuvieron en cuenta que se estaba judicializando demasiado la política. Por aquí pasó gente del PP, el PSOE y el BNG, y se han dado cuenta de que no ganaban nada así.
- DO quiere ser acusación en la causa contra el presidente de la Diputación. Se quejan de la alta fianza.
- Es una figura legal para impedir una utilización del proceso para causar un daño, y así evitar denuncias o intervenciones abusivas. A efectos de fianza, se tiene en cuenta también la exposición mediática del caso. Mi compañera [la titular de Instrucción 3] entiende que es una cifra necesaria y hay que respetarla. A mí no me parece descabellada. Si DO no estaba conforme podría haber recurrido.
- ¿Se siente independiente el juez para citar a un político en una ciudad como Ourense?
- Para mí todos los investigados son iguales. Hay que valorar la proporcionalidad de la medida. Si alguien tiene que venir a declarar como imputado, que venga, da igual que sea concejal, abogado o carnicero.
- Áurea Soto dijo en el alegato final que usted falsificó un auto.
- Creo que estuvo desafortunada. Si ella cree que por mi parte o por parte del fiscal hubo alguna actuación intencionada, tiene vías legales para defender sus derechos. Lo que yo pueda hacer me lo reservo para mí.
