Llegó en un viejo automóvil del Concello de Ourense -de copiloto-, con la citación en la mano, y ratificó ante el juez de instrucción que hubo ilegalidades en la compra de altavoces por parte del gobierno del PP, en 2006, al comercio familiar de Gonzalo Jácome, que por entonces no era concejal por Democracia Ourensana. El interventor, Gonzalo Alonso, confirmó que el procedimiento para tramitar el gasto fue irregular, que la adquisición debía haber salido a licitación pública por su cuantía (61.691,82 euros, IVA incluido), y verificó que no había expediente de contratación, ni tampoco le constaba trámite legal para la aprobación de la factura. Que el Concello hubiera encargado el suministro de 295 pantallas como contrato menor fue una ilegalidad administrativa, dijo al juez.
El funcionario, que compareció en calidad de testigo, también dejó claro que si la factura se hubiera sometido a fiscalización previa él no hubiera dado el visto bueno, al no haberse respetado la licitación pública. El método seguido, a su criterio, vulneró la ley de contratos de las administraciones públicas. Según su declaración ante el magistrado, el gobierno -aún era el alcalde Manuel Cabezas- nunca le explicó por qué eligió esa vía. En el caso solo ha sido citado como investigado el popular que llevaba Comercio, Aurelio Gómez Villar.
La versión ofrecida ayer ratifica lo que plasmó por escrito en el informe de fiscalización del ejercicio 2006. En ese documento, aportado por Áurea Soto con la denuncia, consideró ilegal la tramitación de la compra del suministro y advirtió de que el gasto de 62.000 euros "no respeta procedimiento de contratación alguno. La única factura que se presenta se aprueba por la Junta de Gobierno fuera del orden del día, sin ningún tipo de fiscalización previa e informe justificativo".
Su declaración no fue la única. A la funcionaria que ejercía como jefa de contratación no le "suena" que llegara al servicio el expediente del suministro de altavoces. La técnico corroboró que los más de 60.000 euros de esta discutida adquisición superaba el máximo fijad para contrato menor de suministros (12.000 euros entonces).
Ayer intervino además la exconcejala del BNG, Ana Garza, responsable de Comercio en el primer bipartito. El proyecto de 295 altavoces para sonorizar varias calles comerciales no llegó a materializarse. Los equipos costaron 62.000 euros a cargo de una subvención de la Xunta y estaban proyectados para sonorizar 31 calles del Centro Comercial Aberto, pendientes de una segunda fase que no llegó a ejecutarse al cambiar el gobierno de la ciudad. Haría falta tender cable en 6 kilómetros de vía pública. Además, los técnicos dijeron que el PERI del casco histórico prohibía instalar las pantallas en fachadas privadas, tal y como estaba previsto. Según palabras de la exedil ayer, el único expediente de los altavoces que vio fue el de la subvención autonómica que financiaba la adquisición. Fue a hablar con Gonzalo Jácome a su comercio y este, según Garza, le respondió que ya había comunicado al ejecutivo anterior que no tenía los altavoces porque la empresa proveedora no se los suministraría hasta meses más tarde. Los 295 altavoces fueron entregados en septiembre de 2007, un año después de la adquisición.
La Fiscalía no ve delito
Áurea Soto está sola como acusación en esta causa. La Fiscalía no ve delito; "los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal alguna, por atípicos". La socialista llevó este caso al juzgado en marzo de 2014, tras advertir en rueda de prensa de que el PSOE también sabía "buscar en los cajones". Fue el contraataque a la sucesión de querellas de DO y PP contra el anterior ejecutivo. La gota que colmó la paciencia socialista fue la denuncia de la reforma de las aceras del alcalde con cargo al Plan E.
En julio, el juez Luis Doval, titular de Instrucción 2 de Ourense, archivó el caso al no ver "arbitrariedad e ilegalidad palmarias y conscientes". Sin embargo, la Audiencia Provincial reabrió la causa en diciembre, al considerar "prematuro" el cierre inicial. La Sala consideró relevante practicar las declaraciones de ayer para "aclarar aspectos esenciales de controversia, como la verdadera existencia o no de procedimiento de contratación, crédito presupuestario o autorización del gasto".
Soto cree que las citaciones deben alcanzar a todos los que asistieron a la junta del gobierno del PP que validó la factura, Manuel Cabezas incluido, citando como precedente las imputaciones en bloque de la calle Bedoya o la Plaza San Antonio. La socialista también pidió la citación como imputado de Jácome. La Sala negó indicios de que el líder de DO hubiera prevaricado o falsificado la factura, que fue aprobada en junta local en octubre de 2006 pero entró en el Concello en diciembre, según el sello de registro. El edil terminó declarando como testigo.
