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La Fiscalía acusa a un director de un banco rural de desviar 2 millones de dólares y 288.000 euros

La investigación localizó 1.548.000 dólares y 245.000 euros y cree que trataba de cumplir los objetivos de la entidad - Hay dos acusados de beneficiarse de abonos ilegales por 599.000

31.01.2016 | 05:28
El principal acusado era el director de esta sucursal de A Manchica (A Merca), objeto de varios atracos en los últimos años; el más reciente, en diciembre de 2013. // Brais Lorenzo

Tres hombres serán juzgados a finales del mes de febrero por la Audiencia Provincial de Ourense, acusados en concepto de autores de un presunto delito continuado de estafa. El principal implicado, J. C. A. I., ejercía desde mayo de 2009 como director de oficina en una sucursal bancaria ubicada en la localidad de A Manchica, en el concello ourensano de A Merca. Según las conclusiones a las que ha llegado la Fiscalía, el banquero desvió presuntamente dinero de las cuentas de 22 clientes para poder alcanzar los objetivos fijados por la entidad bancaria a la sucursal de pueblo. Según fuentes de las defensas, pretendía ayudar a los clientes que necesitaban liquidez, dando anticipos y confiando en que todos lo devolverían. El ministerio público pide 4 años de prisión. Los otros dos acusados en este proceso, J. B. G. P. e I. Á. M., se enfrentan a 2 años porque supuestamente fueron beneficiarios y conocedores de varios ingresos fraudulentos.

La investigación judicial se abrió en 2011 en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Celanova. Llegará a juicio cuatro años después. Salvo que haya un acuerdo que haga innecesaria la práctica de la prueba, la Audiencia Provincial de Ourense ha reservado dos fechas a finales de febrero, para el interrogatorio a los acusados y las declaraciones de los estafados y otros testigos y peritos.

Muchos clientes, emigrantes

La Fiscalía de Ourense plasma sus conclusiones sobre el caso en un escrito de acusación fechado en junio de 2015 y que servirá de base a la acusación pública en el juicio ante la Audiencia, excepto que el ministerio público alcance una conformidad con los acusados que modifique las conclusiones y rebaje la pena. La investigación apunta a que J. C. A. I. se aprovechó presuntamente de sus conocimientos directos de las cuentas de los clientes, como director de oficina, y del hecho de que muchos ahorradores de su sucursal eran emigrantes en el extranjero que solo regresaban una vez al año.

Según el criterio de la acusación pública, actuando con intención de obtener un beneficio patrimonial injusto habría cometido un manejo fraudulento durante 3 años. Sostiene el ministerio público que, entre el 27 de junio 2008 y el 18 de marzo de 2011, el trabajador del banco procedió presuntamente a hacer disposiciones no autorizadas de numerario entre unos y otros clientes, con el supuesto fin de alcanzar los objetivos fijados por la entidad para la sucursal de A Manchica.

El acusado habría actuado con dos tipos de operaciones: disposiciones en efectivo y transferencias interiores. En relación a las primeras operaciones, según la investigación, no consta documentación que justifique dichas disposiciones o si existe, está sin firmar por los clientes.

Además no todas las disposiciones en efectivo supusieron en realidad una salida de fondos de la oficina, ya que según la Fiscalía Provincial el acusado contabilizaba esa maniobra como una operación de caja, para inmediatamente proceder a registrar un ingreso a favor de otro cliente. En cuanto a las transferencias interiores que también fueron analizadas por los investigadores, J. C. A. I. las habría tramitado sin llegar a registrar la cuenta de destino, o identificando falsamente como beneficiario al propio ordenante.

Siguiendo dicha metodología, según explica la Fiscalía en su exposición de hechos, el director de banco llegó a disponer fraudulentamente de un total de 2.068.000 dólares americanos (1,91 millones de euros), así como de 288.000 euros. Dichas cantidades procedían de las cuentas de un total de 22 clientes de la entidad.

Tras detectarse el presunto engaño, fue posible identificar el destino de 1.548.000 dólares (1,43 millones de euros) y 245.000 euros. Del resto, correspondiente en su mayoría a reintegros en efectivo, no ha podido acreditarse su destino. La Fiscalía supone que el acusado hizo suyo ese montante: 520.000 dólares (480.000 euros) y 43.000 euros. A fecha de junio de 2015, cuando la acusación pública elaboró su escrito de calificación, de los 22 clientes estafados, la entidad había restituido las cantidades a un total de 14.

Creó "una banca paralela"

El acusado ideó presuntamente una suerte de banca paralela, destinando esos fondos a hacer frente a compromisos verbales contraídos con los clientes, de modo que habría beneficiado a una totalidad de 116 clientes mediante abonos en cuenta, restituciones de disposiciones irregulares, cancelaciones de riesgo , anticipos a cuenta o pagos de extratipos. Entre los que recibieron ingresos y han sido identificados están los otros dos acusados, J. B. G. P. e I. Á. M. El primero de ellos habría obtenido un total de 456.000 dólares (421.000 euros) actuando de común cuerdo con el director. El segundo habría recibido hasta 178.000 euros en un total de 196 transferencias periódicas, realizadas a lo largo de 3 años.

En caso de condena, el principal acusado deberá hacer frente a 33.000 dólares (30.470 euros) y 63.000 euros para indemnizar a los 8 clientes que no recuperaron su dinero. La entidad, responsable civil subsidiaria, asumiría el pago si él no lo satisface.

Fuentes de las defensas consultadas aseguran que el inculpado no ha negado las prácticas irregulares pero alegó que trataba de anticipar dinero para beneficiar a los clientes, al margen del cauce ortodoxo del banco, manteniendo la convicción de que todos lo devolverían. J. B. G. P. sostiene que sus abonos eran un dinero que le fue anticipado para poder saldar una deuda con la Agencia Tributaria y que acudió incluso a una notaría para suscribir el crédito.

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