El PSOE de Ourense no abandona su refriega interna ni cuando los esfuerzos de la organización a nivel estatal están volcados en respaldar o boicotear un Gobierno en alianza con Podemos. La convivencia en el PSOE ourensano, dividido ya más allá de dos simples bandos, se ha tensado después de los últimos acontecimientos, con una investigación judicial abierta a dos cargos orgánicos por consultar los antecedentes de otro, rival interno, en la antesala del proceso de listas de las generales. El lunes, la Ejecutiva Provincial socialista se reunirá en la sede de la calle Ribeira de Canedo. Se prevé debate y no se descartan movimientos posteriores.
En una reunión convocada oficialmente para analizar la situación después del resultado de los generales y para fomentar equipos de trabajo en las diversas comarcas, lo cierto es que la dialéctica estará dominada por la última crisis interna aunque no figure en el orden del día. Una veintena de integrantes de este órgano del PSOE ourensano habría puesto su firma para pedir que se depuren responsabilidades y que los investigados den explicaciones por un supuesto caso de espionaje a un compañero.
Según indicaron fuentes de la organización, el escrito fue presentado este jueves y contaría con el apoyo de un total de 21 integrantes de la Ejecutiva Provincial. Once personas declinaron firmar, dos se encontraban fuera de Ourense cuando se organizó este movimiento crítico. Tampoco han plasmado la rúbrica, por distinguir la cuestión judicial de la orgánica, ni el socialista presuntamente espiado por sus compañeros ni tampoco su compañera de despacho y de partido. La letrada asume la representación legal del perjudicado en el proceso abierto por un presunto delito de revelación de secretos. Están personados para ejercer acciones de responsabilidad penal, así como para reclamar una posible indemnización. Su declaración como testigo, el próximo paso en la causa, aún no se ha producido.
Los críticos tienen mayoría
Para forzar una Ejecutiva Provincial es necesario el apoyo de un 33% de sus miembros. Aunque la convocatoria del lunes es del propio secretario provincial, Raúl Fernández, con la excusa de abordar la situación postelectoral, el volumen de críticos hacia la conducta de los dos cargos orgánicos investigados se acerca al 60%. El órgano estaba dominado por el pachismo, pero este sector se ha diluido con el paso del tiempo. Buena parte de los críticos que piden explicaciones reivindican un rumbo alternativo en el PSOE provincial.
La secretaria de Acción Electoral, Teresa Taboada, y otro integrante de la Ejecutiva Provincial, Enrique Camoeiras, alineados aún con el sector con ascendencia del ex secretario xeral, tienen la condición de investigados por un presunto delito de revelación de secretos. La primera declaró la pasada semana y negó afán alguno "hacer daño" a José Arcos, también miembro de la provincial y aspirante a las listas del Congreso (fuera de los puestos con opciones, dimitió en la fase final del proceso de listas). Taboada fue la más votada por la militancia para el Senado, pero un "cambiazo" del líder gallego, Besteiro, en la reunión federal que validó las candidaturas la relegó para dar el número 1 al excomisario Luis García Mañá. Quedó de segunda, a 391 votos del escaño en la Cámara Alta.
En su declaración ante el juez de Instrucción Número 1, Leonardo Álvarez, Taboada sostuvo que, tras escuchar en una cafetería que el compañero había sido detenido en 2008 por una infracción vial, y temiendo que el PP pudiera utilizarlo en su contra en la campaña, contactó con Enrique Camoeiras, agente de Policía Nacional, por si podía comprobarlo. Su obligación, dijo, era asegurarse de que las listas fueran limpias. Supuso que si había un rumor circulando habría una sentencia, "y estas son públicas". El agente presuntamente accedió a la base de datos.
La conversación entre ambos, con alusiones que no han gustado a otros compañeros del PSOE, fue objeto de una escucha, en septiembre de 2015. El teléfono del agente estaba "pinchado" en el marco de una causa declarada secreta en Vilagarcía. El juzgado arousano derivó el caso a Ourense para que el juez dictamine si hay delito. El PSOE dirime puertas adentro si caben responsabilidades orgánicas.
