La Xunta será parte en un intento de asesinato de un bebé como "padre a todos los efectos"

La Audiencia atiende la solicitud de la Fiscalía y también ordena identificar al padre biológico para ofrecerle el derecho a ejercer acciones - La madre y su exnovio, procesados por maltrato

24.01.2016 | 03:20
El bebé ingresó en la UCI pediátrica del hospital de Ourense en marzo de 2014, después de haber sido víctima de un episodio "aparentemente letal". // Iñaki Osorio

La Xunta asume la tutela de un menor de Ourense que, en marzo de 2014, ingresó en la UCI pediátrica del hospital de la ciudad en estado crítico, tras haber sufrido un episodio "aparentemente letal", según el informe de alta. Presentaba múltiples fracturas por todo el cuerpo. Juez y fiscal tiraron del hilo para dirimir responsabilidades de los culpables. Tras 9 meses de pesquisas, el magistrado dictó procesamiento por tentativa de asesinato contra la madre del bebé y el que era su pareja cuando ocurrieron los hechos. El caso estaba cerca de juicio, pero una última solicitud de la Fiscalía ha sido atendida por la Audiencia. La sala ordena que el caso vuelva al juzgado instructor para que la Xunta sea parte personada y ejerza la acusación. "Es el padre a todos los efectos", explican gráficamente en Fiscalía.

Un letrado de la administración tendrá que personarse para defender, en el cauce penal, los intereses del menor a los que está obligada a velar como tutor legal. El niño, según fuentes del caso, tiene su custodia cedida a una abuela paterna con domicilio en A Coruña, tras ser acogido en una casa nido después de que se destapara la agresión.

La partida de nacimiento

En todo el procedimiento tampoco hay mención alguna al padre biológico. En el mismo sentido, la Fiscalía solicitó al tribunal que tuviera en cuenta su derecho como progenitor a ejercer acciones. La Audiencia Provincial también comparte este criterio. A través de la partida de nacimiento el juzgado tendrá que averiguar la identidad del padre biológico. Una vez lo consiga será notificado para que decida si se persona, inicia acciones o se mantiene al margen del caso.

El procedimiento vuelve al juzgado en el que, hace ya un año, el magistrado Leonardo Álvarez daba por esclarecido el grueso. El juez vio indicios de un posible intento de homicidio o de asesinato o, subsidiariamente, de lesiones graves por los malos tratos presuntamente cometidos por la madre biológica del menor, A. P. C., y quien entonces era su pareja, V. G. F., el único que fue detenido por estos hechos. La autoridad plasmó los elementos en contra de ambos en el auto de transformación de las diligencias previas en un sumario (el trámite para los asuntos más graves). Meses más tarde, el juez dictó la conclusión del sumario. Tras el recurso de la Fiscalía, esa decisión se revoca para dar cabida en el procedimiento judicial a la Xunta de Galicia y al padre biológico, si aparece y decide ejercer acciones.

Ambos investigados aún mantenían una relación sentimental cuando salieron a la luz los malos tratos al bebé de Ourense, en marzo de 2014. El niño fue atendido en estado crítico en el servicio de pediatría del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). El juez instructor consideró a los dos sospechosos de agredir "durante meses" al pequeño. Las exploraciones realizadas en el hospital detectaron un cuadro brutal: fracturas múltiples, infección respiratoria, laringitis, contusión y hemorragia craneales.

En una de las últimas pruebas de la investigación, el forense certificó que el niño, que tenía solo 10 meses de vida cuando fue hospitalizado, sufría fracturas en el cráneo, las costillas, el fémur y extremidades medias (huesos largos, cúbito y radio), además de lesiones cutáneas y hemorragias de retina. Estuvo entre la vida y la muerte en la UCI del servicio de pediatría. Los médicos activaron el protocolo de malos tratos y el juzgado puso en marcha la investigación penal por "una situación clínica grave compatible con malos tratos a un menor".

El exnovio de la madre negó la agresión y adujo que los moratones se debieron a un intento por reanimarlo de un supuesto caso de muerte súbita. También intentaron explorar las defensas la posibilidad de que el pequeño, que nació prematuro, padeciera una enfermedad rara como la de los "huesos de cristal". Las declaraciones de médicos y los informes del hospital lo descartaron.

El juez vio a ambos sospechosos de las palizas al bebé basándose en que, según los profesionales médicos, "las lesiones sufridas por el menor solo pueden ser consecuencia de actos violentos"; en el reconocimiento por parte de ambos de que el niño estaba fundamentalmente bajo su custodia, así como en "lo poco creíble que resulta la declaración de los imputados a la hora de explicar por qué fue ingresado de urgencia". Según relata el instructor, "especialmente extraña" es la postura del hombre "cuando afirma que llevó al niño a urgencias porque "se le iba" y sin embargo, en vez de acudir directamente todavía dio un rodeo para recoger a la madre".

La madre denunció a su ex

Ella declaró dos veces. En la última dijo que, en una revisión periódico con el pediatra, 3 días antes del ingreso, su hijo, que viajaba en sus brazos y sin cinturón , recibió un golpe al llegar al hospital, por un frenazo del coche. También reconoció que su pareja de entonces llevaba meses menos pendiente y restaba importancia al estado del niño cuando proponía llevarlo a consulta: "Ya se le pasará". El pediatra que atendió al niño 3 días antes de su ingreso, uno de los testigos en la causa, no apreció violencia , creyó que un moratón podía deberse a un traumatismo y una hemorragia en un ojo, a la tos, pues tenía catarro. La madre acudió a un curso el día en que el menor terminó en urgencias. La noche anterior, según sus manifestaciones, el niño no se quejaba ni lloraba. Cuando se marchó de casa, el pequeño seguía durmiendo.

En paralelo a este proceso, hace año y medio, la madre presentó una denuncia contra su expareja por presuntos malos tratos y amenazas. Durante varios meses, V. G. F. también tuvo prohibido acercarse o comunicarse con la progenitora, como consecuencia de una orden inicial de alejamiento que posteriormente revocaría la Audiencia Provincial.

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