El fiscal pide un juicio con jurado para el autor confeso del crimen del holandés y su hermano

La acusación pide el trámite para resolver con tribunal popular por un presunto delito de homicidio o asesinato - Esta semana se cumplieron 6 años de la desaparición forzosa

22.01.2016 | 22:59
Guardia Civl y fiscal, en la aldea de Santoalla (Petín), donde convivían la víctima y la familia rival. // Brais L.

La desaparición sin rastro de Martin Verfondern fue una incógnita hasta que el azar destapó un crimen oculto. Un destello avistado por un helicóptero de la Guardia Civil descubrió el aparatoso todoterreno de la víctima. Un perro adiestrado localizó sus restos, en junio de 2014. Habían transcurrido más de 4 años desde que el holandés afincado junto a su esposa en Petín, en 1997, fue visto por última vez, sin un paradero claro. Ni rastreos de correos y cuentas, ni batidas por la caprichosa geografía de Petín y alrededores, ni siquiera una búsqueda con georradar arrojaron resultado alguno. La localización del vehículo y los huesos confirmaron el crimen y el móvil principal, la rivalidad con la otra familia de la remota Santoalla, guiaron a los investigadores de la Guardia Civil. Tras una concienzuda investigación que se prolongó más de 6 meses, el grupo de delitos contra las personas de la Policía Judicial logró la detención de dos hermanos y la confesión del homicida.

Esta semana se cumplieron 6 años de la desaparición forzosa del holandés, el 19 de enero de 2010. Lo mató de un disparo de escopeta Juan Carlos R. G., preso desde diciembre de 2014. Confesó en el cuartel que había matado al holandés tras reprocharle que condujera "como un loco". Su hermano, Julio R. G., también fue detenido, aunque la juez de Instrucción 2 de O Barco lo puso en libertad, con una orden de alejamiento. La medida restrictiva continúa. El presunto encubridor del crimen -aunque sigue imputado por homicidio o asesinato, como su hermano-, tiene prohibido acercarse a la aldea. Pidió varias veces que la medida fuera alzada, pero Fiscalía y los tribunales se mostraron en contra. En Santoalla aún reside Margo Pool, la viuda. En el cementerio que corona la pequeña aldea reposan los restos del holandés asesinado.

200.000 euros de fianza

Coincidiendo con el aniversario del crimen, esta misma semana el fiscal del caso movió ficha. Ha solicitado al juzgado que transforme las diligencias en un procedimiento ante la ley del jurado, competente en los delitos de sangre. A los dos hermanos los encausará un tribunal de ciudadanos. En sus manos estaría el veredicto de culpabilidad, o no. Una vez que la magistrada de instrucción acepte el trámite por esta vía, los dos sospechosos tendrán que regresar al juzgado para prestar declaración, en un acto que prevé la Ley del Jurado.

A diferencia de su hermano, homicida confeso, Julio R. G. podría quedar libre del proceso si finalmente su responsabilidad se limita a deshacerse del cadáver y encubrir los hechos de su familiar. El Código Penal exime de responsabilidad penal a los parientes directos que incurran en encubrimiento. Presuntamente ayudó a Juan Carlos a llevar el coche y el cuerpo a un paraje forestal situado a unos 15 kilómetros de Santoalla. Entre las dos familias se habían enraizado las disputas, con los pleitos por la gestión del monte comunal como cuestión de fondo.

De momento, no obstante, permanece en calidad de investigados por el delito por definir de homicidio o asesinato. Desde que salió de los calabozos, el hombre intenta que la justicia le dé vía libre para volver a cómo era su vida antes de ser detenido. Tiene unas 150 cabezas de ganado en Santoalla que no puede atender personalmente por la orden de alejamiento impuesta. La justicia prioriza los derechos de la viuda, para que no tenga que ver ni cruzarse con nadie implicado en el crimen de enero de 2010.

A la fase de investigación previa al juicio, que podría tener lugar este mismo año, solo le restan algunos informes y las pruebas finales que puedan solicitar las partes. El juzgado ya ha confirmado una fianza de responsabilidad civil por importe de 200.000 euros. Es una medida habitual en el ámbito penal para tratar de garantizar que, en caso de condena, existirán medios con los que saldar una indemnización a los perjudicados directos de los hechos; en este caso, la viuda del holandés.

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