Con la intención de dar respuesta a la controversia suscitada en relación a la situación del monasterio de Santa Comba de Naves, que se encuentra en núcleo rural de Palmés, el alcalde, Jesús Vázquez, advierte que se trata de un tema que viene del anterior gobierno socialista, con lo que rechaza las acusaciones vertidas por los grupos de la oposición, Democracia Ourensana, Partido Socialista y Ourense en Común, sobre su situación de abandono, y la compra realizada, ya que "nosotros llevamos seis meses, por lo que viene de atrás".
Jesús Vázquez, durante su comparecencia para dar a conocer los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, quiso dejar claro el papel del Concello en todo este asunto, por lo que hizo un relatorio de las actuaciones que se llevaron a cabo en relación con un bien patrimonial, que aunque no tiene la consideración de BIC, está catalogado. Así, después de advertir que "estamos ante una transacción -la venta del monasterio, en este caso entre la Diócesis de Ourense y un particular- "entre privados, el Concello poco puede hacer".
Sobre esta cuestión, sostiene Vázquez que la labor del Concello es la de "hacer cumplir la legislación vigente". Y a los que criticaron el proceso de la compraventa que se viene de hacer pública, sobre todo a los socialistas, recuerda que en su momento, sí existía esa preocupación que demuestran ahora, podrían haber puesto en marcha un proceso de negociación para su compra o plantear la expropiación, pero no se hizo ni una cosa ni la otra.
Expediente municipal
En un intento de dar a conocer todo el proceso seguido, el alcalde explica que ante el estado de conservación del monasterio de Santa Comba de Naves, que "no era el adecuado", el anterior gobierno municipal, a través del área de Urbanismo pone en marcha un expediente de reposición de la legalidad, en concreto el 12 de enero de 2015, y encarga un estudio para la reposición del mismo, junto con un informe de la arquitecta municipal sobre las actuaciones para la conservación del bien patrimonial que estaba abandonado.
Además, por parte del Concello se requiere a la Diócesis de Ourense a que ejecute las obras de conservación, junto con otro escrito solicitando documentación sobre la titularidad del monasterio.
Un requerimiento que tiene como respuesta por parte del Obispado de que no tiene constancia de que esa propiedad sea de la Diócesis, como se esgrime en uno de los documentos que daba a conocer ayer el alcalde.
Durante todo ese período, por parte del Concello no se adoptó ningún tipo de medida, por lo que para el alcalde se trata de un "esperpento" las críticas que ahora se vierten por parte del portavoz del grupo socialista, José Ángel Vázquez Barquero, que formaba parte del anterior gobierno, del que era su portavoz.
Una vez se tuvo conocimiento de la venta, a través de FARO, por parte del Concello se le hizo un requerimiento al Obispado para que informase de la situación en la que se encontraba el monasterio de Santa Comba de Naves.
Lo que también daba a conocer ayer el regidor municipal es de la presentación en el área de Urbanismo de una solicitud de licencia para realizar una reforma en la cubierta y otros elementos de la capilla, con un proyecto base que se encuentra en fase de estudio.
Sobre esta cuestión, fuentes municipales explican que antes de que se adopte una decisión sobre la licencia, que está sujeta al preceptivo informe de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta, que será el que marque su concesión.
Lo que también se presentó en el Concello fue un escrito del nuevo propietario, el ejecutivo de banca Román Blanco Reinosa, en el que dice asumir la notificación que en su momento se remitió al Obispado, relacionado con la realización de las obras de conservación del monasterio, y de esa forma frenar el deterioro del mismo.
Con todos estos antecedentes, relativos a las decisiones adoptadas por el anterior gobierno, que evitó cuestionar, al limitarse a un relato de los pasos datos, el alcalde considera que el actual ejecutivo se limitó a seguir la senda iniciada, y que viene marcada por el expediente de reposición de la legalidad. Además de recordar que las que tiene "las competencias y obligación de vigilar el estado del patrimonio es la Xunta", pero sin que eso exima a otras administraciones de su responsabilidad.
