Las defensas de cinco acusados por un presunto delito de tráfico de drogas denunciaron ayer, en el primer día de juicio ante la Audiencia Provincial de Ourense, supuestos "errores" de la instrucción, relacionados con la identificación y el desarrollo de la investigación a partir de una macrocausa iniciada en Vigo por blanqueo de capitales y una estafa millonaria al gobierno de Angola. Intentan que el proceso quede en nada por supuesta vulneración del derecho de defensa y a un juicio justo, así como por incompetencia territorial. La Fiscalía volvió a rechazar irregularidades y pide condenas de entre 4 años y medio y 7 años y medio de prisión para un total de cinco acusados.

Tres familiares de Ourense -el marido J. L. C. P; su esposa, E. D. R.; y el hermano de ella, N. D. R.-, los tres sin antecedentes hasta la fecha, están en el banquillo por un alijo de 846 gramos de cocaína ocultas en botes de gel. N. M. R., quien presuntamente hacía recados "a cambio de un porcentaje", fue arrestado con los envases dentro de una mochila.

Según la versión de cargo, el 15 de mayo de 2011 N. D. R. recibió el encargo de su hermana de recoger 846 gramos de cocaína -con una riqueza del 72,5% y valorada en 82.252 euros-, para distribuir posteriormente en Ourense. Al informar sobre las detenciones, fuentes policiales calcularon que el cerca de un centenar de cápsulas de cocaína ocultas en los botes de gel servirían para la preparación de entre 18.000 y 20.000 dosis. El individuo también portaba 5,2 gramos de cannabis.

Otras dos personas, F. J. C. V. y M. T. Z. B. -de igual manera, sin antecedentes penales hasta la fecha- se enfrentan también a la cárcel por una remesa de 338 gramos cocaína que la segunda presuntamente trajo de Venezuela a cambio de 3.000 euros. El primero viajó a Madrid a por droga. Según los investigadores, por encargo directo de J. L. C. P. y siendo también conocedora de esta operación la acusada E. D. R., quien presuntamente participó en recados telefónicos.

Todos los encausados, que fueron detenidos en el mes de mayo de 2011, se acogieron a su derecho de no declarar a ninguna pregunta de las partes, con la excepción de F. J. C.V, quien según la acusación viajó en autobús a Madrid por encargo de J. L. C. P. para traer la cocaína llegada de Venezuela. A preguntas de su defensa, él aseguró ayer que es consumidor de varias sustancias desde 1979 y que, por su adicción, "no tenía dinero y y fui porque así me facilitaban cocaína". El consumo prolongado le ha causado hepatitis C desde "hace muchos años" y un "deterioro en las articulaciones".

La letrada que ejercía la defensa de los tres primeros acusados subrayó en sala y ante los periodistas las supuestas irregularidades. Según dijo, ninguno de sus tres defendidos tiene que ver "ni con el tráfico de drogas" ni con el resto de imputados y ha advertido de que hubo una identificación errónea de uno de ellos, al cual "se le identificó" de forma incorrecta, confundiéndole con su hermano. El hombre estuvo 9 meses preso. "Incluso a la hora de remitir antecedentes penales, el año pasado, en la misma hoja se solicitan las de mi cliente, que no tiene, y se remiten los de su hermano, que sí", afirmó la abogada Estefanía Lama.

Esta causa, tal y como ha asegurado, tuvo su origen en una investigación de un juzgado de Vigo "por un delito de blanqueo y de estafa al gobierno de Angola" y que posteriormente, en 2011, dio lugar al proceso por presunto narcotráfico. Se presume clave la declaración de los investigadores de la Policía, un acto previsto para hoy salvo que la enfermedad de una letrada obligue a la suspensión. Según la defensa, los agentes "cambiaron" los datos del acusado J. L. C. P. por los de su hermano, quien sí tiene antecedentes, lo que posteriormente salpicó a otros miembros de su familia. "Les han destrozado la vida", subraya.

La Fiscalía de Ourense acusa al matrimonio de dos delitos. Pide para cada uno 7 años y medio de prisión más 128.800 euros de multa. Para el hermano de la mujer, 6 años y 82.000 euros. Los otros dos acusados por el alijo de Madrid se enfrentan, cada uno a 4 años y medio y 46.500 euros de sanción.