Es clave el testimonio del exsecretario del Concello de Ourense que informó a favor de que la institución no exigiera el 10% de cesión de suelo al Concello por parte de los promotores, hasta que hubiera un plan general adaptado. Fue antes del PXOM 2003, el que a la postre sería anulado por vicios de legalidad, cambiazo de planos incluido. Pero las tres incomparecencias por motivos de salud del funcionario jubilado, Mariano Rodríguez, han obligado al juez de este caso a dar un giro. El titular de Instrucción 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, interrogará al exalcalde Manuel Cabezas. El munícipe que más tiempo gobernó la tercera ciudad gallega (1995-2007) declarará en calidad de investigado. También uno de sus exediles de Urbanismo, Fernando Díaz Salcedo.
Después de varias negativas anteriores, el instructor ha terminado citando al máximo responsable político de un periodo, entre 1997 y 2002, en el que varios constructores pudieron ejecutar edificios y urbanizaciones sin ceder ninguna porción de sus solares al Concello para el aprovechamiento municipal, como podría ser vivienda protegida o equipamientos públicos. La socialista Áurea Soto, responsable del Urbanismo de Ourense entre 2007 y 2015 -hasta que se vio obligada a dimitir por el caso del que acaba de ser absuelta-, acudió al juzgado en 2014 para poner sobre la mesa una posible malversación relativa a 15 convenios urbanísticos de la época.
Hasta ahora, solo un imputado
Apoyada en un informe municipal de 2004 y en otro del Consello de Contas, la denunciante cifró en 1,6 millones de euros el supuesto agujero de fondos públicos. Dos técnicos ratificaron ante el juez, el pasado septiembre, que la cesión municipal era una obligación recogida en la Ley del Suelo de Galicia de 1997, por lo que en la época investigada se estaba "incumpliendo lo legalmente dispuesto". Uno de los funcionarios indicó que "el aprovechamiento susceptible de apropiación para el particular estaba fijado en el 85%". La exconcejala Áurea Soto, que llevó este caso a la vía judicial en respuesta a las múltiples denuncias urbanísticas durante su mandato, ha acusado a los gobiernos del exalcalde Manuel Cabezas de "regalar" el 10%. Pedía al instructor un impulso del caso y acusó la demora de esta investigación y su avance al "ralentí". Una providencia notificada ayer lleva la investigación a otra fase. De momento las diligencias previas se siguen por un "delito sin especificar". El juez es el mismo al que Áurea Soto llegó a acusar de falsificar un auto en su alegato final del juicio por la Plaza de San Antonio; caso del que fue absuelta.
Con la citación del exregidor y de uno de sus exconcejales se eleva a 3 el número de sospechosos políticos de la época. El primero en declarar como imputado fue Ricardo Campo Labrador, responsable de Urbanismo entre 1999 y 2003. En ese periodo se gestaría el PXOM finalmente anulado en 2011, tras 9 sentencias de nulidad y un cambio acreditado de edificabilidades. El imputado dijo que no se exigía el 10% en virtud de un acuerdo unánime del pleno, del año 1994, -gobernaba el socialista Manuel Veiga Pombo-, tras un informe del exsecretario que proponía permitir a los constructores el derecho del 100%, ante las dudas acerca de poder exigir la cesión sin que existiera, entonces, un planeamiento adaptado.
El magistrado llama en calidad de investigados a todos los que había propuesto la exconcejal, excepto al actual diputado autonómico, y por lo tanto aforado, Enrique Nóvoa, Poly. El que fuera alcalde de Ourense tras la dimisión de Manuel Cabezas, meses antes de las municipales de 2007, también había gestionado el área de urbanismo, por lo que Soto veía pertinente su interrogatorio en este proceso.
La providencia convoca a Manuel Cabezas y Díaz Salcedo como "imputados" en lugar de investigados; pese a que la primera denominación fue derogada con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en vigor desde diciembre. En la resolución, además, el juez encarga curiosamente a la denunciante que "dado que no consta domicilio" de los dos exconcejales del PP, "previamente al señalamiento de fecha para dicha declaración, requiérase a la parte denunciante a fin de que a la mayor brevedad posible lo aporte o, en otro caso, aporte su DNI para la averiguación del mismo".
