Tres veces ha estado prevista la declaración del testigo clave en el caso del 10%; en todas las ocasiones el acto fue suspendido después de que su entorno justificara problemas de salud. Así ocurrió de nuevo esta semana. Mariano Rodríguez -condenado hace años por acusar precisamente a Cabezas de "pelotazos urbanísticos"- tenía que declarar el 13 de febrero, pero su esposa remitió un escrito informando de un ingreso hospitalario. Sus problemas de salud han sido ratificados por informes de los médicos forenses, a los que el juez requirió para tomar una decisión sobre su participación en el caso. Después de tres actos de declaración fallido, el juez Leonardo Álvarez decide pulsar la opinión de Áurea Soto, la parte denunciante. En la misma providencia en la que cita al exalcalde Manuel Cabezas, el magistrado da traslado "a la parte denunciante a fin de que alegue lo que a su derecho convenga sobre la declaración del citado testigo". Soto considera que el instructor tiene que pedir una certificación médica del estado para resolver si es posible que declare. Sería por videoconferencia desde León, donde reside.