El presidente de la Miño-Sil sale absuelto de una denuncia contra el patrimonio histórico

La juez no ve "ningún indicio de criminalidad" del alto cargo y otros investigados en la causa

15.01.2016 | 03:06

Las obras de encauzamiento de dos ríos en Sarria (Lugo) pusieron en pie de guerra a los vecinos. Una plataforma registró en octubre de 2014 una querella por la posible comisión de un delito contra el patrimonio histórico, por la afectación a la conocida como Ponte Ribeira. En fase de instrucción llegó a estar imputado el máximo responsable del organismo de cuenca, Francisco Marín. Ya no. En un auto de diciembre, el titular de Primera Instancia e Instrucción de la localidad absuelve al alto cargo y a otros investigados, técnicos incluidos de la Confederación y de la empresa contratada para ejecutar los trabajos.

El magistrado resuelve que "practicadas las diligencias que constan en autos, no existen indicios de criminalidad contra ninguna de las personas que han sido llamadas a declarar durante la instrucción. Procede acordar el sobreseimiento libre de las actuaciones sin realizar ninguna imputación formal delito contra el patrimonio a ninguna de las personas que han declarado en las presentes diligencias".

El auto de archivo del juzgado de Sarria, que admite recurso de reforma ante la misma sede, y de apelación ante la Audiencia Provincial de Lugo, supone el levantamiento de la medida cautelar impuesta con la denuncia: la paralización de los trabajos. Entiende el magistrado que el sobreseimiento "ha de conllevar el alzamiento" de dicha decisión, "al haber desaparecido los presupuestos que motivaron su adopción".

La llamada "Plataforma Sarriana polo Río" acudió a la vía judicial al entender que la empresa y la Confederación podrían ser responsables de un delito, "bien de forma intencionada, bien por imprudencia grave, por haber procedido a derribar o alterar gravemente, o a causar daños" en la Ponte Ribeira de Sarria.

Los denunciantes defendían que la obra es un Bien de Interés Cultural, al estar atravesado por el Camino de Santiago. Compartiendo su "valor histórico, artístico y cultural," el juez subraya que cuando la Dirección General de Patrimonio informó el proyecto, el puente no había sido incluido en el catálogo, por lo que no lo sería un edificio singularmente protegido. El auto subraya que "a día de hoy no consta que el puente hay sufrido daño alguno", y que las obras "respetaron escrupulosamente los elementos dignos de conservación".

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