Asuntos Internos rastrea wasaps y datos informáticos en el caso de los policías

No hay previstas más citaciones de testigos o investigados hasta completar esta fase de las diligencias -La unidad se incautó de hasta tres teléfonos móviles de un solo agente

15.01.2016 | 03:06
Comisaría de Policía Nacional de Ourense. // Jesús Regal

La investigación sobre presuntas irregularidades en la Comisaría de Policía Nacional de Ourense ha avanzado con ritmo desde que, hace dos meses, estalló una operación de Asuntos Internos que ha desatado la mayor crisis de la historia reciente, con la detención de dos policías antidroga, la imputación de otros dos integrantes más del grupo y la investigación sin resolver de seis pistolas que desaparecieron sin dejar rastro de la sala de armamento de la sede policial.

El magistrado Leonardo Álvarez ha tomado declaración a los cuatro agentes investigados y a siete compañeros citados como testigos para averiguar, de momento en unas mismas diligencias, el paradero de las armas y el supuesto trato de favor del grupo antidroga con las fuentes de información que los nutrieron de operaciones de calado; unas irregularidades que los aludidos han negado. Culminada esta primera fase con cierta rapidez para los tiempos judiciales, la inminente podría tardar más.

No hay previstas, de momento, más citaciones de testigos o nuevos investigados, a la espera de un informe sobre el tráfico y contenido de los teléfonos móviles y ordenadores incautados durante los arrestos y entradas y registros de mediados de noviembre. Según fuentes del caso, la misma unidad de Asuntos Internos, con competencias de Policía Judicial en este asunto, se encargará de analizar conversaciones telefónicas, incluida la mensajería "whatsapp", en la procura de alguna comunicación que pudiera ser relevante para la causa. También se volcarán y revisarán los datos de los equipos informáticos. Solo al anterior responsable del grupo provincial de estupefacientes, los investigadores le retiraron hasta 3 teléfonos móviles y el ordenador con el que trabajaba en dependencias policiales. Según la investigación interna, los presuntos traficantes daban "chivatazos" sobre operaciones de la competencia a cambio de una especie de inmunidad, avisos sobre investigaciones abiertas y otra información reservada como matrículas de coches camuflados, algo que los funcionarios niegan.

En este periodo, los funcionarios fueron relevados en un concurso interno que desmanteló por la vía rápida la brigada. El comisario Amable Valcárcel, que lidia con este terromoto a 3 meses de su jubilación, defendía este miércoles la honorabilidad de los investigados admitiendo, eso sí, que cometieron "mala praxis". El exjefe antidroga y el otro agente detenido -en libertad provisional, deben comparecer cada semana- recurrieron ante la Dirección General para que levanten la suspensión cautelar de funciones. Madrid alegó que, inmersos en una investigación por presunta revelación de secretos, falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos, su permanencia sería "poco ejemplar". Los funcionarios dicen que la medida les causa daños "económicos y morales".

Los apenas dos meses transcurridos desde la oleada de detenciones y citaciones -unas 15 entre policías y particulares- también dejaron decisiones judiciales contradictorias. El pasado 22 de diciembre, la Audiencia Provincial -el tribunal de apelación- acordó la puesta en libertad de J.P., alias Pucha, la principal de los presuntos traficantes. En dos pisos contiguos de Covadonga -el supermercado de la droga de Ourense- y en una casa de Punxín, los investigadores se incautaron de más de 6 kilos de cocaína, heroína y hachís. Tras ella, fueron excarcelados los otros dos sospechosos de tráfico de drogas que permanecían en situación de prisión preventiva. A los pocos días salió del centro penitenciario de Pereiro J.V., apodado Josito. El último en dejar el penal, el mismo día de Reyes, fue J.R.R., conocido como Tronquito.

En vía judicial se encuentra, además, una denuncia de este último por supuestas presiones de Asuntos Internos, en los calabozos, para incriminar supuestamente a los policías. También la investigación que la Comisaría ve clave para esclarecer la incógnita de las armas. El jefe cree que un mismo agente, con ganas de "hacer daño", las sustrajo y envió anónimos a Asuntos Internos y a los medios.

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