Áurea Soto, absuelta de prevaricación en las licencias de la Plaza de San Antonio

La exedil socialista de Urbanismo estaba imputada por la concesión de unas licencias para edificios y un parking

07.01.2016 | 14:34
Áurea Soto, en los juzgados de Ourense el día que declaró acusada de prevaricación urbanística. // Brais Lorenzo

La exedil de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, ha sido absuelta del delito de prevaricación que se le imputaba por la concesión de unas licencias para edificios y un parking subterráneo en la Plaza de San Antonio. Así lo ha anunciado esta mañana el TSXG a través de una breve nota.

Soto, que dimitió como concejala debido a su imputación, se enfrentaba a una condena de diez años de inhabilitación para cargo público.

El juicio se celebró a mediados del pasado mes de noviembre y, en su declaración, la exedila negó haber incurrido en prevaricación urbanística con esa decisión e incluso llegó a denunciar que el objetivo de la vista era forzar su salida de la política local. Así, sostuvo que "nadie" en el consistorio le manifestó dudas sobre la legalización de ese conjunto.

La investigación judicial se inició a raíz de una denuncia presentada por Democracia Ourensana en 2011, que acabó retirándose del caso, y la acusación la ejercieron tanto la Fiscalía como la hija de un empresario local.

Situación de la Plaza 

La citada plaza estaba ocupada por un asilo de ancianos regentado por una congregación religiosa, pero el gobierno liderado por Manuel Cabezas (PP) autorizó en 1998 la construcción de viviendas y de un aparcamiento subterráneo para su explotación privada.

Sobre estas obras llegó a haber una sentencia de demolición del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2004, pero el nuevo gobierno que entró en 2007, con Francisco Rodríguez (PSOE) a la cabeza, decidió dar licencias de obra y ocupación a las casas, locales y garajes y pedir al alto tribunal gallego la inejecución de su fallo, algo que logró.

Áurea Soto siempre llamó la atención sobre que el derribo de las viviendas de cerca de un centenar de familias supondría un pago de indemnizaciones por parte de la administración local que rondaría los 40 millones de euros.

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