El juez niega delito de la exedil Áurea Soto en uno de los casos que la llevó al juzgado en el anterior mandato, el de la residencia universitaria. En un auto de absolución notificado ayer, el magistrado de Instrucción Número Dos, Luis Doval, se expresa así: "Efectivamente, la decisión adoptada por la concejalía de Urbanismo obvió o soslayó el hecho de que no se ejecutaron obras de urbanización proyectadas y sin duda relevantes, de forma que no se cumplió con el fin último de la licencia, esto es, verificar que la obra se acomodase al proyecto aprobado". "También se silencia la existencia de informes anteriores y posteriores en sentido inverso a los dos que fueron tomados en consideración, con la finalidad de legalizar una situación fáctica consolidada en el tiempo. Sin embargo, desde la perspectiva penal no se aprecia una flagrante y clamorosa infracción de la legalidad administrativa que deba calificarse como arbitraria". La dotación sigue cerrada, ya que las obras necesarias de urbanización no han finalizado. El abogado de una promotora con intereses urbanísticos en la zona se querelló contra la exedil. La empresa ha sido acusación en otros muchos casos, incluido el de la Plaza San Antonio, por el que Áurea Soto espera sentencia. El abogado de la acusación apelará.
La Fiscalía no vio delito. Soto y un técnico municipal, cuadro local del PSOE, fueron investigados por conceder e informar en 2011, respectivamente, la licencia de ocupación, sin que se hubiera urbanizado el entorno del equipamiento, que llevaba 10 años en funcionamiento. Existían precedentes de concesión de licencias de apertura sin que se pudiera urbanizar, tal y como ha valorado el magistrado.
