Los problemas derivados con las adjudicaciones de servicios municipales, como sucede con el de la limpieza de edificios públicos -que se encuentra en la vía judicial- puede llevar consigo que el Concello deba abonar importantes cantidades que le reclamará la anterior adjudicataria, PAU (Procedementos de Aseos Urbanos), del grupo Vendex, sobre todo después de que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 estimase en parte el recursos presentado en su momento.
Así, el magistrado declaró la nulidad del acuerdo que dejaba a PAU sin el contrato en el correspondiente concurso, después, y ordenó dar marcha atrás y revisar el procedimiento que se llevó a cabo por parte del Concello. Además de concretar en dicha sentencia que la actual adjudicataria, en este caso Seralia, no podrá participar en el nuevo que se deberá iniciar. Esto llevaría consigo que la empresa del grupo Vendex pueda de nuevo asumir ese servicio municipal.
Pero la decisión del Gobierno de recurrir la sentencia permite que la actual concesionaria siga realizando ese servicio, mientras que por parte de PAU se confirma la presentación de la correspondiente reclamación, en función de lo que señala la sentencia, y que cifran inicialmente en 60.000 euros más los intereses que se han generado, el lucro cesante, además de que hacer frente a las costas de los procesos judiciales.
Decisión "política"
La sentencia recurrida por el Concello, aunque inicialmente los técnicos no eran partidarios, para los responsable de PAU responde a una decisión "política" , debido a la operación Pokemon, en la que está implicado el grupo Vendex, al que pertenece la empresa que realizaba el servicio y que en el concurso de adjudicación, ahora anulado, había quedado de segunda, por un escaso margen de diferencia.
Así, tal y como se plasma en el expediente del procedimiento seguido, la diferencia, a favor de Seralia frente a PAU, fue finalmente de 0,215 puntos. Un concurso que sufrió sucesivas demoras, debido a la elección de los técnicos que informasen, con un resultado final muy ajustado entre las 13 empresas que habían participado en el procedimiento abierto, y que ahora es objeto de conflicto.
En este sentido, la resolución judicial anula la decisión de la Junta de Gobierno Local de 2013 -con gobierno socialista- que desestimaba el recurso especial que en materia de contratación interpuesto la empresa del grupo Vendex. Así como el acuerdo por el que se acordaba la adjudicación a la empresa Seralia del servicio municipal de limpieza de edificios públicos.
De ahí que acuerda retrotraer el procedimiento al inició, anterior a la emisión de los informes técnicos solicitados por la mesa de contratación. Se trata, por lo tanto, de que se emitan una nueva resolución, "ajustándose a los pliegos que regulan la licitación", señala la sentencia. Para de esa forma continuar el procedimiento, desde ese momento, para adjudicar el servicio a la oferta más ventajosa.
En lo que se refiere a la exclusión de la actual empresa adjudicataria, Seralia, que sigue realizando el servicio, uno de los argumentos que se plasman en la sentencia de anulación tiene su origen en la falta de datos económicos que exigían las bases del concurso.
Sobre está cuestión, para el magistrado resulta incuestionable, que por parte de Seralia "se han incumplido de forma flagrante las exigencias del pliego".
Y remachar que las bases han de ser cumplidas por todos los participantes en el concurso , para de esa forma "garantizar no solo la libre concurrencia e igualdad de los mismos, sino también que la administración disponga de todos los datos que necesite que contengan las ofertas económicas a fin de conseguir que la adjudicación se realice finalmente a la mejor propuesta".
Por su parte, desde el Gobierno municipal se sostiene que se decidió recurrir la sentencia al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en base a los informes jurídicos, con lo que se pretende evitar cualquier tipo de polémica, así como realizar valoraciones sobre la decisión de Pau de formalizar las correspondientes reclamaciones, que todo hace indicar seguirán el mismo camino, el de la vía judicial.
Una cuantía económica que se podría incrementar, ya que los responsables de PAU advierten que fueron muchos los meses que no se abonaron las facturas, debido a que eran reparadas por la Intervención Municipal al haber caducado en contrato y seguir realizando el servicio en precario hasta que se procediese a la resolución del nuevo concurso que anuló el juez.
También señalan que a día de hoy esta sin liquidar el contrato anterior, así como pendientes de la devolución del aval que en su momento habían depositado la empresa, y que aseguran de forma reiterada viene solicitando al Concello, sin que por el momento obtengan respuesta alguna, lo que supone una "clamoroso silencio administrativo" por parte de la Administración local.
