Los juzgados afrontan hoy el segundo día hábil desde la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ordena poner límite a la duración de las causas penales. Las investigaciones ya no podrán eternizarse, en teoría, aunque los expertos echan en falta medios, personal de apoyo y reformas paralelas para agilizar el sistema de forma efectiva. En la práctica, el retraso de una prueba pericial seguirá atascando un asunto y también serán trabas cotidianas situaciones como la de un citado a declarar que está en el extranjero o sufre una baja que le impide afrontar el trámite. Los fiscales tendrán el cronómetro de las instrucciones penales, que en Ourense sumaban 3.561 en trámite a 30 de octubre, en juzgados mixtos de las 8 cabeceras de comarca, los 3 exclusivos de instrucción en Ourense, y Violencia de Género (una competencia que asume el Número 3 en la capital). Son más de 35.000 en toda Galicia. La reforma fija en 6 meses el plazo máximo para los asuntos sencillos y 18, con la posibilidad de hasta 36 meses de prórroga solo a instancias del fiscal, para los más complejos.
La última estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra en 2,1 meses la duración media en toda Galicia de los procedimientos penales. Cada magistrado de la jurisdicción ingresa, según los mismos datos, un promedio de 423,8 casos en un solo trimestre. Todo un reto para la reforma legal. El ajuste pretende erradicar esperas eternas en la fase de instrucción, con la operación Pokemon como gran paradigma. En Ourense no está vivo ningún procedimiento de esas dimensiones, aunque sí varios de alcance por los que el tiempo pasa. Por ejemplo en el caso de ayuda a domicilio. La primera investigación contra el anterior gobierno suma tres años abierto, aún diligencias previas.
"En el 90% de las causas que llegan a Ourense no habrá problema porque los plazos ya se vienen cumpliendo más o menos, teniendo en cuenta que hace falta un mínimo de dos meses desde que nos entra una denuncia, se estudia, se registra, se escucha a denunciante, denunciado y a algún testigo, y se revisa la documentación. Aunque claro, cualquier asunto se puede complicar, por ejemplo, por la falta de un informe pericial importante o por la imposibilidad de localizar al denunciado", apunta el juez decano, Leonardo Álvarez.
El responsable de Instrucción Número 1 ha facilitado a los fiscales adscritos a su sede un listado con aquellos asuntos más complejos que podrían dilatarse. La investigación a policías, que comenzó bajo secreto en el año 2014, es uno de los que podrían dilatarse más de un semestre.
El fiscal marcará los tiempos. Que el límite temporal aligere o no la carga de trabajo de los juzgados dependerá del ritmo de cada uno y del volumen de entrada de casos nuevos. Para Miguel Ruiz, uno de los 15 fiscales que ejercen en Ourense -además del jefe provincial- la nueva legislación implica que las investigaciones solo podrán alargarse a un año y medio, o más, ante "cualquier causa sobrevenida que pueda hacer entender que el asunto se va a retrasar, y ante indicios de que puede ser compleja, como la existencia de varios perjudicados, que haya documentación de relevancia pendiente de estudio, la investigación a grupos criminales, o la necesidad de periciales o de tramitar comisiones rogatorias al extranjero".
Mejorar el texto legal no basta, entiende la decana del Colegio de Abogados de Ourense, Pilar López-Guerrero. "Cualquier medida de reforma para acortar plazos del ciudadano con la administración de justicia es positivo, porque todo investigado o sospechoso tiene derecho a que su cuestión se solucione lo más rápido posible. Pero las mejoras legislativas tienen que ir aparejadas con dotaciones de medios. Esta reforma no vale si no se otorga a los juzgados de toda España de recursos para revisar miles de casos".
Riesgo de cierres "precipitados"
Coincide el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Piña. Sin medios para aligerar la carga de trabajo en instrucción y adecuar las competencias de los fiscales, existirá el riesgo de "cierres precipitados de instrucciones o la caducidad de las mismas ante la imposibilidad de dar respuesta por parte del juez de instrucción a un numero tan elevado de procedimientos".
Desde el domingo, fecha de la entrada en vigor de la reforma, hay más novedades para el día a día judicial. Los detenidos pueden entrevistarse con sus abogados antes de afrontar el interrogatorio policial, y los letrados, consultar el atestado para saber qué hechos concretos se le atribuyen. Por otra parte, los sospechosos de un delito citados con abogado han dejado de llamarse imputados -lo que muchos políticos consideraron un estigma mediático- para ser investigados.
