El debate suscitado sobre las inspecciones técnicas de edificios por la moción que presentó en el pleno de ayer el grupo socialista, reclamando la dotación de un espacio municipal de información y tramitación de las conocidas como ITES y la reestructuración del personal de la Concejalía de Urbanismo para la optimizaciòn y agilización del procedimiento, puso de manifestó dos posicionamientos totalmente dispares entre el gobierno popular y los tres grupos de la oposición que finalmente apoyaron la iniciativa.

Así, el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, que anunció su voto contrario a la iniciativa, fue rotundo al manifestar que se cuenta con el personal necesario para llevar a cabo los trabajos relacionados con la inspección y la posibles sanciones que se puedan derivar por incumplimientos de la obligación de realizar dichas inspecciones.

Las diferencias se centraron en el personal con que se cuenta, y que llevó al socialista Javier Rey a proponer la optimización y reorganziación de los recursos humanos del concello para dotar de una mayor número de efectivos al departamento de disciplina Urbanística, con el objetivo de "solventar la ralentización" de los expedientes relacionados con las ITES.

Según los datos que expuso, en 2015 deben llevarse a cabo la tramitación aproximada de 3.000 expedientes de inspección de edificios por parte de los funcionarios con que cuenta el Departamento de Disciplina Urbanística, que "en estos momentos son 3", con lo que "tocan a 1.000 expedientes por funcionario al año", que lleva a Rey a reiterar la necesidad de más personal.

Unos datos que desmentía el edil de Urbanismo, al señala que se cuenta con 6 administrativos, 3 técnicos y otros tantos jurídicos, por lo que "no tocan a 1.000 expedientes", así como cuestionar que se supera ese número. En este sentido, José Cudeiro no dudó en sacar un documento sobre las ITES en el Concello de Vigo, que están entorno a los 2.500 expedientes, teniendo en cuenta la diferencia de edificios que existe respecto a Ourense.

También aclaró que en la junta de área no había trasladado a los representantes de la oposición la necesidad de más personal, sino que estaba hablando con los jefes de servicio del área de Urbanismo por si era necesaria una reorganización o redistribución del personal.

Unos argumentos que no fueron suficientes para que la propuesta socialista fuese aprobada, aunque la última palabra la tiene el gobierno al no ser vinculantes las mociones.