La discusión sobre la titularidad de un trozo de terreno de 15 metros cuadrados, un minúsculo "resío" en el centro del pueblo de Trelle, Toén, acumula casi un siglo de historia. Una sentencia de 1931 recogía ya la existencia de un conflicto de propiedad que ayer sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia a cinco personas, dos de ellas de avanzada edad, imputadas por un delito de estafa procesal en grado de tentativa. La vista empezó con 20 minutos de retraso esperando la llegada de uno de los imputados, de 78 años, que al parecer tenía problemas con un coche. Cuando llegó y se sentó en el banquillo ya había empezado el interrogatorio.
Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular que representa al vecino que dice ser el dueño del cacho de tierra les acusan de haber realizado un documento falso con el objetivo de llevar a error a un juez sobre la titularidad del "resío". Para tal fin, alegan, realizaron un documento de venta nuevo posterior a la adquisición de una vivienda en ruinas ya que el original, firmado con fecha del 15 de agosto de 2006, no incluía ese terreno. El contrato supuestamente falso en el que sí figura el anexo está fechado en 2005. El fiscal pidió una pena de ocho meses de prisión para cada uno y multa de 1.440 euros. La acusación particular acusa a las dos vendedoras junto con la persona que realizó el contrato de falsedad documental y al matrimonio que adquirió la casa de tentativa de estafa, solicitando para cada uno de ellos un año de prisión.
Los imputados negaron que hubiese un intento de engaño tras los papeleos realizados y alegaron que todo lo hicieron de "buena fe" ya que siempre creyeron que el terreno pertenecía a la casa. Con tal motivo, sus defensas pidieron la libre absolución aseverando que el conflicto entre denunciante y denunciados es una cuestión puramente civil que debería volver al Juzgado de Primera Instancia número 5 de Ourense, donde el procedimiento iniciado quedó paralizado al interponer el denunciante una querella penal.
Todo empezó en agosto de 2006, cuando las hermanas R. y T.R.N., de 61 y 63 años, vendieron al matrimonio formado por J.L.D.C. y C.S.P., de 76 y 78 años, la casa en ruinas que habían heredado de su madre. La compraventa se cerró mediante un contrato privado en el que no consta el terreno anexo al que se accede desde la carretera. La disputa comenzó al reclamar uno de los vecinos con los que linda la casa el "resío". El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Ourense desestimó su demanda en 2012 pero la Audiencia revocó la sentencia y en julio de 2013 condenó al matrimonio a devolver la tierra a su vecino.
Ante esta situación, y tal y como defiende el fiscal en su escrito, la pareja "convenció" a las dos hermanas vendedoras para que firmasen un nuevo documento privado con la fecha de un año antes en el que también figurase el terreno. De esta tarea se encargó el quinto acusado, sobrino del matrimonio, que redactó el documento "con pleno conocimiento de su inveracidad", según la acusación.
Con este papel, acudieron al juzgado en julio de 2014 para ejercer una acción declarativa de dominio contra el vecino y solicitar la legítima propiedad. En su defensa, el comprador aseguró que todo se hizo de buena fe, si bien admitió que el contrato se hizo "de aquella manera". En esto insistió también la defensa, en que las cosas se hicieron "como ocurre en los pueblos" admitiendo "un error burdo", pero no falsedad intencionada. Destacaron la avanzada edad de los acusados y las dificultades para leer y escribir. En su último turno de palabra, algunos de los acusados alegaron depresiones derivadas de la demanda penal y se echaron a llorar. La presidenta del tribunal intentó calmarlos: "Quedó claro que ustedes vendieron lo que creyeron que era suyo".
