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La oposición exige responsabilidades políticas "más allá de las jurídicas"

03.12.2015 | 02:59

La oposición en el Parlamento volvió a pedir ayer al dimisión del presidente de la Diputación y del PP de Ourense, José Manuel Baltar, por "ética". Pese al archivo de la denuncia, los grupos exigen responsabilidades políticas "más alla de las jurídicas" e incluso el BNG, en boca de la diputada ourensana Tereixa Paz, que puso en duda la decisión de la Fiscalía"instrumentalizada por el PP", acusación que trasladó en particular al fiscal jefe de Ourense, "que mantiene una estrecha relación con el hipódromo de la Diputación".

Paz, que presentó una proposición no de ley para reclamar al Gobierno el "cese inmediato" de José Manuel Baltar como presidente de la Diputación, así como la apertura de una investigación por parte de la Secretaría Xeral de Igualdade sobre el caso, recordó que la función de los diputados no era hacer "un juicio penal" en el Parlamento, sino analizar "comportamientos políticos". Así, vinculó la petición de dimisión de Baltar a la necesidad de que la "ética sea un elemento esencial" para los que ejercen la vida política. En este caso, señaló Tereixa Paz, "se trata de un caso de violencia de género, de flagrante violación de los derechos sexuales de una mujer". Apeló a la "ejemplaridad" en la actuación de los cargos públicos recogida en el código ético de la Xunta y pidió a los diputados del PP que, "si de verdad quieren un partido limpio y con compromiso por la transparencia", votasen a favor su iniciativa.

Aunque la iniciativa fue rechazada con los votos del PPdeG, los grupos de la oposición apoyaron la petición de dimisión de José Manuel Baltar, haciendo hincapié en la necesidad de asumir "responsabilidades políticas más allá de las jurídicas".

En este sentido, la diputada del Grupo Mixto, la también ourensana Carmen Iglesias, señaló que a Baltar "no le importa su partido, ni el ejercicio de la política, sólo le importa aferrarse al trono". También reprochó al PP "mirar para otro lado" y ser "cómplice de este comportamiento", hecho que vincula a las "represalias que teme desde esa familia".

El diputado de AGE, Antón Sánchez, aportó que al PP solo le preocupa el desgaste electoral que le pueda producir este caso.

Por su parte, el diputado Raúl Fernández, que además es el secretario provincial del PSOE calificó la situación de "vergonzosa, repugnante e insportable para la democracia". Criticó que la Diputación de Ourense se haya utilizado en los últimos años como "una oficina sectaria de contratación".

Por su parte, el secretario de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, no quiso ayer hacer valoraciones jurídicas sobre el archivo de la denuncia pero afirmó que "lo que escuchamos fue lo que escuchamos".

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