El caso de las obras en la calle Clara Corral Aller, donde tiene su vivienda unifamiliar el exalcalde socialista Agustín Fernández, puede tener recorrido más allá del decreto de archivo del fiscal jefe, que no apreció delitos de prevaricación y tráfico de influencias, relacionados con la situación de legalidad de la casa y el "enriquecimiento injusto" que se habría producido al no asumir la parte correspondiente de la urbanización realizada, costeada "indebidamente" por el Estado, a través del Plan E, y el Concello.
Estas cuestiones, junto con la posibilidad de declaración de lesividad de las juntas de gobierno local del ejecutivo socialista que acordaron la devolución del aval al exalcalde, serán objeto de estudio por parte de los servicios jurídicos del Concello y los propios técnicos, como así lo indicó el alcalde, Jesús Vázquez, después de que el fiscal considerase que no apreciaba delito.
En este sentido, Vázquez es partidario de tomar una decisión sobre está cuestión contando con el informe de la abogacía del Concello, así como el de la propia Intervención municipal, por entender que "es lo que debemos hacer en estos momentos", después de tener conocimiento del decreto de archivo del fiscal jefe, y las consideraciones que hace en el mismo.
Por lo de pronto, y en alusión al informe de fiscalización realizado por el interventor, en el que concreta que Agustín Fernández debe reintegrar a las arcas municipales en torno a 28.000 euros, que es la parte que le correspondería por las obras de urbanización de la calle donde tiene su residencia, el alcalde se mostró firme, en el sentido de que "si es así, se dará el paso", en referencia a la reclamación formal que se llevaría a cabo por parte del gobierno municipal.
Otra de las cuestiones que se plantean es la situación de legalidad en la que se encontraría a día de hoy la casa del exalcalde, ya que el fiscal señala que "no se cumplió con la condición que se había puesto para la concesión de la correspondiente licencia, como era la de asumir su parte en la urbanización".
Jesús Vázquez reitera que "los informes de los técnicos municipales serán los que nos marquen la pauta a seguir", por lo que espera contar en un breve plazo de tiempo los mismos. Lo que advierte el regidor es que "no haremos dejación de nuestras funciones", ante la posibilidad de incurrir en algún tipo de delito, en función de lo que recoge el fiscal en su escrito de archivo, al señalar que "no se procedió a adoptar la decisión que corresponda derivada del incumplimiento" en el caso de la licencia.
Pendiente de valorar
Lo que está también pendiente de conocer es la decisión que adoptará el Partido Popular, ya que fue el anterior grupo municipal el que presentó la denuncia en Fiscalía contra Agustín Fernández por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con las obras de urbanización en la calle donde tiene su vivienda.
En este sentido, el exportavoz y actual vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, indicó ayer a FARO que "tendremos que valorar el decreto de Fiscalía", pero por el momento "no hablamos del tema". Aunque advierte que "cualquier ciudadano puede emprender las acciones que considere oportunas".
Sobre esta cuestión, quiere dejar claro "el respeto a la presunción de inocencia, como así lo hicimos desde el mismo momento que presentamos la denuncia", así como al decreto de Fiscalía, que acuerda el archivo por no apreciar delitos.
Dicho lo cual, el exportavoz popular incide en el "enriquecimiento injusto", ya que las cantidades que tenía de "haber pagado don Agustín, se las endosó al Ministerio de Hacienda, para el que trabaja, a través del Plan E, y finalmente al Concello, que tuvo que devolver la subvención al Estado". La conclusión dice que es muy clara: "Al final fuimos todos los ourensanos los que pagamos la urbanización de la calle donde vive el que fuera alcalde".
También asegura que las denuncias realizadas en su momento por el grupo popular, más allá de que no existan delitos, como así lo entiende el fiscal jefe, sí hubo un "enriquecimiento injusto", y la posibilidad de la "declaración de lesividad" de las juntas de gobierno local que adoptaron el acuerdo de devolver el aval a Agustín Fernández.
Y mantiene lo dicho en su momento sobre la situación de "ilegalidad" de la vivienda unifamiliar en la que reside el exalcalde, debido a que la concesión de la licencia quedaba condicionada a que hiciese frente a los gastos de urbanización que le correspondía, y que no solo no hizo, sino que además reclamó la devolución del aval.
