Controversia en la Diputación

La Fiscalía archiva la denuncia porque no ve indicios de delito en la acusación contra Baltar

No detecta vínculo alguno entre la supuesta relación sexual y una promesa de trabajo en la Diputación que finalmente no se produjo - Descarta cohecho y abuso de la función pública porque en 2010 aún no era presidente

03.12.2015 | 04:55
José Manuel Baltar, en una imagen reciente en su despacho del Pazo Provincial. // Iñaki Osorio

La Fiscalía Provincial de Ourense no ha visto indicio alguno de delito en los hechos denunciados por una extrabajadora de la Diputación y exafiliada del PP que acusó al presidente de la institución, José Manuel Baltar, de prometerle en marzo de 2010 (cuando todavía no era presidente) una plaza fija a cambio de sexo. En un decreto firmado el 25 de noviembre y dado a conocer ayer, el fiscal jefe, Florentino Delgado Ayuso, acuerda el archivo de las diligencias de investigación penal incoadas como consecuencia de la denuncia presentada por dicha mujer el pasado 13 de octubre.

Sostiene que en las pruebas aportadas "no hay manifestación que vincule directamente una supuesta relación sexual con una promesa de trabajo en la Diputación", circunstancia que además, puntualiza, "no se produjo".

Sin embargo, el caso no finaliza aquí ya que la mujer ha puesto el caso en manos de un abogado y este lunes interpuso denuncia en el juzgado de guardia por posibles delitos de acoso sexual, prevaricación y violencia de género. La denuncia está pendiente de reparto por lo que se desconoce qué juzgado la analizará. Ya el fiscal jefe expone en su decreto que el archivo no impide interponer denuncia en el juzgado que corresponda.

Tanto los hechos relatados por la denunciante como el contenido de varias grabaciones aportadas por ella en las que se mencionaba un posible cambio de nota en un proceso selectivo desataron una tormenta política tanto a nivel provincial como autonómico. Baltar Blanco, cuya dimisión fue pedida por todos los grupos políticos de la oposición, negó desde un primer momento los hechos denunciados por la mujer y anunció acciones legales contra ella. El presidente se encontraba ayer en Madrid cuando la Fiscalía hizo pública su decisión y no quiso hacer declaraciones sobre el decreto de archivo de las diligencias, reiterando desde su gabinete de comunicación que el asunto se ciñe estrictamente al ámbito personal.

Con todo, tras recibir el escrito de denuncia en octubre, el fiscal jefe tomó declaración a la extrabajadora en dos ocasiones y admitió como prueba seis grabaciones y varios SMS. La primera, de cuatro horas de duración, se realizó el 12 de noviembre, y la segunda al día siguiente, cuando la mujer volvió a la Fiscalía para aportar más documentación.

Posteriormente, y tomando como base la versión ofrecida por la denunciante, así como los mensajes telefónicos y las grabaciones sobre conversaciones entre ambos implicados "que se tienen inicialmente como verdaderas en cuanto a su contenido y personas intervinientes", el fiscal valoró la posible incardinación de los hechos en supuestos delictivos contemplados en el Código Penal, concretamente, los referidos a conductas contra la libertad sexual, cohecho y abuso en el ejercicio de la función pública. Su conclusión es clara: "no existe en dichas pruebas expresión o manifestación medianamente clara sobre la vinculación entre una supuesta relación sexual con la promesa de trabajo" por parte del denunciado. Es más, Florentino Delgado añade al término de su decreto que los hechos "no tienen indicio racional mínimo que permita enervar el principio de presunción de inocencia" por la existencia del hecho delictivo y que por otra parte, afirma, "podría atribuirse en análogas consideraciones a la propia denunciante que se creó una expectativa de obtener, sin más consideración, un puesto fijo en la Diputación que finalmente no se cumplió".

Respecto al delito contra la libertad sexual, el fiscal señala que la denunciante "es mayor de edad y con plena capacidad", y que según sus propias declaraciones no medió uso de fuerza o intimidación.

Sobre los presuntos delitos de cohecho y abuso en el ejercicio de la función pública, el fiscal recuerda que se trata de tipos delictivos que no pueden darse en quien no es autoridad, y que los supuestos hechos denunciados se habrían producido dos años antes de que Baltar Blanco fuera nombrado presidente de la Diputación. Además, tampoco se da el caso de que se hubiese procedido a la contratación de la denunciante.

Para valorar los hechos, el fiscal consideró necesario tener en cuenta que la presunta relación sexual se produjo en marzo de 2010 cuando Baltar Blanco no era presidente de la Diputación, que la mujer continuó trabajando dos años más para el PP (en 2012 se dio de baja y ya valoró denunciar pero no lo hizo por una enfermedad que sufrió) y que la propia denunciante mencionó en su declaración que "si le hubiesen dado el trabajo no sabe si habría denunciado".

En conclusión del fiscal, los hechos puestos de manifiesto no aportan indicios suficientes de existencia de delito alguno, por lo que acuerda archivar las diligencias de investigación penal.

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