El fiscal constata que la mujer grabó conversaciones en un intento reiterado y sin éxito de lograr una confesión

03.12.2015 | 02:59

El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, recoge en su decreto de archivo de la denuncia contra el presidente de la Diputación que tanto del análisis de los SMS como de las grabaciones presentadas se desprende que "existía una relación de tipo personal entre la denunciante y Baltar Blanco", sin que aparezca indicio alguno sobre el supuesto "trato" de trabajo a cambio de sexo. Lo que se deduce es que el 15 de marzo de 2010 quedaron en la suite de un hotel de la capital y que esta situación se produjo, tal y como aclaró la denunciante, "sin violencia ni intimidación".

También recoge que es obligado tener en cuenta que dichas grabaciones, en las que se incluye al expresidente José Luis Baltar Pumar, se realizaron con el desconocimiento de ambos y que la denunciante, "lógicamente, buscaba una manifestación explícita sobre trato o promesa". No aparece, a su juicio, dicha manifestación a pesar de que ella "insiste de forma reiterada en un trato que sus interlocutores no reconocen más allá de lo que podría ser un uso social de ayuda genérica que, desde luego, no puede constituir prueba de conducta criminal".

Con todo, la Fiscalía concluye, "dando por buena la versión y su probanza de la denunciante" que hubo consentimiento "en el marco de una relación personal entre ambos" y que ella "tenía como esperanza, en años anteriores y posteriores, obtener un puesto de trabajo fijo en la Diputación por la mera intervención de alguno de los presidentes que la rigieron".

Pero en las pruebas aportadas "no existe indicio racional" ni de que Baltar hubiese planteado dicho trato ni de que la propia denunciante lo hubiese ofrecido ya que, puntualiza el fiscal, "la haría estar incursa en delito al ser un particular el que ofrece una dádiva a la autoridad".

En definitiva, justifica Delgado Ayuso, "no existe una prueba mínima de una promesa eficiente y seria de que a la denunciante se le diese una plaza fija saltándose las normas de selección legales". También precisa que no es función del Ministerio Fiscal ser guardián de moralidad alguna "que no se incluya en la estricta defensa de la legalidad vigente".

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