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El juez acata la reapertura del caso altavoces y cita al interventor y una exedil del BNG

El fiscalizador vio ilegal la adquisición de 2006 al comercio familiar de Gonzalo Jácome, que aún no era edil -En la denuncia de Áurea Soto también declarará otra funcionaria

La exedil del BNG Ana Garza (d.) declarará como testigo a propuesta de Áurea Soto. // Iñaki Osorio

En la maraña de denuncias cruzadas que enredaron la política en Ourense el pasado mandato está el caso de los altavoces: la compra por parte del gobierno del PP, en 2006, de 295 altavoces nunca instalados al comercio familiar de Gonzalo Jácome, quien por aquel entonces aún no era edil. El segundo juez que tuvo que abordar el procedimiento optó por archivarlo, el pasado julio. Ahora reanuda las diligencias por mandato de la Audiencia Provincial de Ourense. La secretaria de su juzgado notificó ayer a las partes la citación de tres testigos propuestos por la única acusación, la de la exedil Áurea Soto, puesto que la Fiscalía no ve delito. El interventor, la exconcejala del BNG, Ana Garza, y una funcionaria declararán en calidad de testigos, el mismo día de febrero.

Áurea Soto llevó este caso al juzgado en marzo de 2014, tras advertir en rueda de prensa de que el PSOE también sabía "buscar en los cajones". Fue el contraataque a la sucesión de querellas de DO y PP contra el anterior ejecutivo. La gota que colmó la paciencia socialista fue la denuncia de la reforma de las aceras del alcalde con cargo al Plan E. Es otro caso del pasado que ha coleado hasta hoy. Como informa FARO en esta edición, el fiscal jefe de Ourense no ve delito y ha decretado el archivo.

El de los altavoces parecía finiquitado hasta que la Audiencia se pronunció. A principios de este mes, el tribunal provincial comunicaba un auto de reapertura tras considerar "prematuro" el archivo inicial por parte del juez de Instrucción Número Dos, Luis Doval. El magistrado no vio "arbitrariedad e ilegalidad palmarias y conscientes". La Sala dictaminó que, a estas alturas, no cabe descartar aún que exista delito, "sin practicarse las diligencias testificales solicitadas por la parte recurrente en el recurso de apelación". Según la Audiencia, las tres declaraciones fijadas para febrero "pueden contribuir fundadamente a aclarar aspectos esenciales de controversia, como la verdadera existencia o no de procedimiento de contratación, crédito presupuestario o autorización del gasto".

A este último respecto se presume como fundamental el testimonio del interventor municipal. En el informe de fiscalización del ejercicio 2006, Gonzalo Alonso consideró ilegal la tramitación de la compra del suministro y advirtió de que el gasto de 62.000 euros "no respeta procedimiento de contratación alguno. La única factura que se presenta se aprueba por la Junta de Gobierno fuera del orden del día, sin ningún tipo de fiscalización previa e informe justificativo", puso por escrito el citado técnico municipal.

La causa dilucida si existió delito por la compra, en 2006, de 295 altavoces nunca instalados a la empresa del líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Jácome, que entonces aún no era edil. Costaron 62.000 euros a cargo de una subvención de la Xunta y estaban proyectados para sonorizar 31 calles del Centro Comercial Aberto, pendientes de una segunda fase que no llegó a ejecutarse al cambiar el gobierno de la ciudad. Haría falta tender cable en 6 kilómetros de vía pública. Por qué no se completó la instalación del equipamiento será una de las preguntas para la exedil del BNG. Según la denuncia, el Concello abonó los altavoces pero su entrega al ayuntamiento no se produjo hasta un año después, aproximadamente.

La adquisición fue aprobada en junta de gobierno local, en la última etapa del ejecutivo del popular Manuel Cabezas. El único imputado fue Aurelio Gómez Villar, el concejal de Comercio que propuso la compra. Lleva unas semanas como asesor de Cultura en la Diputación.

Además de las declaraciones testificales que serán practicadas en febrero, la exresponsable del Urbanismo de la ciudad entre 2007 y 2015 -a la espera de sentencia tras ser juzgada hace dos semanas por el caso de San Antonio- pretendía la citación como imputados de toda la junta de gobierno que aprobó la factura, incluido el exregidor.

En el auto de reapertura de la causa, la Audiencia Provincial manifestó que procedía en primer lugar oír en los testigos, "claves para esclarecer la presencia o no de resolución arbitraria, con carácter previo a acordar en su caso la posible imputación de terceras personas", según el magistrado ponente, Manuel Cid Manzano.

La Fiscalía no ve delito

Para la exconcejala del PSOE Áurea Soto la adquisición hace casi una década del Concello gobernado por el PP fue "absolutamente irregular, inexistiendo por completo procedimiento administrativo y la propia factura", por lo que veía indicios de prevaricación e incluso de malversación, por la demora en la entrega del material a dependencias municipales. La Fiscalía Provincial, en cambio, se opuso a su recurso de apelación y adujo que "los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal alguna, por atípicos".

Con anterioridad, Soto acudió hasta la Audiencia para que ordenara la citación en calidad de imputado del actual portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Jácome. La Sala negó indicios de que el concejal hubiera prevaricado falsificado la factura. Jácome terminó declarando como testigo y amenazó a la exedil con denunciarla por acusación falsa.

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