Ley de accesibilidad y supresión de barreras arquitéctonicas

El gobierno pedirá un informe jurídico sobre las plazas de aparcamiento para minusválidos

-La concejala de Seguridad dice desconocer las irregularidades que denuncia el principal sindicato de la Policía Local -Flora Moure descarta que se pueda incurrir en responsabilidades penales, como advierte en su escrito el SPPME

01.12.2015 | 04:55
Una de las plazas de aparcamiento reservada para minusválidos en una de las calles de la ciudad. // Iñaki Osorio

El gobierno municipal solicitará un informe jurídico sobre la situación en la que se encuentran las plazas de aparcamiento destinadas a personas con discapacidad, después de la denuncia realizada por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Galicia (SPPME) sobre "irregularidades" derivadas por el incumplimiento de la normativa vigente y que, según concretan en su escrito, se viene produciendo desde hace más de quince años, desde su entrada en vigor.

Una decisión que anunció la concejala responsable del área de Seguridad, Tráfico y Policía Local, Flora Moure, que dijo desconocer el escrito presentado por el sindicato, así como las irregularidades que denuncia, por lo que la también trasladará esa situación a la propia intendente, María Barrera, para que emita el correspondiente informe.

Por lo de pronto, y a falta de contar con más datos, Moure advierte de que en su momento se debieron emitir los informes necesarios para la ubicación de esas plazas para personas con discapacidad, que se encuentran en varias zonas de la ciudad, y que "estarían conforme a lo que establece la normativa".

Una consideración con la que no está de acuerdo el sindicato, al asegurar que después de una "revisión exhaustiva" a lo largo del término municipal observaron un "incumplimiento generalizado" de la legislación vigente por parte del Concello, en este caso la normativa que regula esta materia es el reglamento de desarrollo y ejecución de la ley de accesibilidad y supresión de barreras en la comunidad autónoma de Galicia, aprobado mediante el Decreto 35/2000, de 28 de enero.

Las irregularidades detectadas están relacionadas con las dimensiones de las plazas, las señalización, los accesos, así como la reserva mínima de estas plazas de aparcamiento adaptadas para personas con discapacidad.

Responsabilidades

En cuanto a la advertencia que se realiza por parte del SPPME, relativa a que el Concello puede "incurrir en responsabilidad por prevaricación en comisión por omisión", debido a que cuando "es imperativo realizar una determinada actuación administrativa, y su omisión tiene efectos equivalentes a una denegación", como sería el caso, al no ajustarse esas plazas de aparcamiento a la normativa. La concejala de Seguridad considera que "no creo que este asunto sea de responsabilidades penales", y señala que "se habrá aplicado la normativa vigente".

Pero la advertencia del sindicato, como así se plasma en el escrito-denuncia, es clara en el sentido de que "no observemos voluntad e implementación de medidas correctoras de esa situación" por parte del Concello para reponer la legalidad, pondrán en conocimiento de las autoridades competentes para que tomen las medidas oportunas que mejor procedan en derecho.

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