"La desatención de las obligaciones legales del ente local ha expuesto durante años a peligros innecesarios a sus ciudadanos", dice el principal sindicato de la Policía Local sobre el incumplimiento de medidas de la plazas de estacionamiento de discapacitados en Ourense. El SPPME insta al gobierno a que adecue los espacios -advierte de que podría incurrir en una prevaricación por omisión- y exige saber por qué no se adecuaron a la normativa tras 15 años de vigencia. El sindicato hizo una revisión de las plazas tras las quejas de varios vecinos sobre las dimensiones reducidas y la inexistencia de accesos a las aceras, por falta de rebaje, lo que aumenta el riesgo. El SPPME constata "un incumplimiento generalizado de la legislación vigente por parte del ayuntamiento". Además de las posibles responsabilidades penales que hace constar el sindicato, el incumplimiento de la ley autonómica vigente, de Accesibilidad y Supresión de Barreras, "puede constituir una infracción muy grave, sancionada con una multa económica de hasta 300.000 euros".