Tres años de prisión por falsedad documental y estafa. Esa es la petición que ratificó ayer la fiscal, tras una semana de juicio contra los 4 acusados de una fundación sin ánimo de lucro de Ourense que, presuntamente, estafó a una veintena de inmigrantes con promesas de regularizar su situación ilegal a cambio de pagos de 100 a 2.000 euros. Las defensas pidieron la libre absolución o, en el peor de los casos, que la condena se atenúe por la dilación de la causa.
La trama salió a la luz al comprobar la Subdelegación del Gobierno que el papeleo se hizo con documentos falsos. Los hechos se remontan a los años 2005, 2006 y 2007. La acusación asegura que el presidente y los otros vinculados a la fundación Fonte, que la Fiscalía pide sea dada de baja, falsificaron documentos. Los imputados alegan que manejaron los papeles que los propios inmigrantes les facilitaron. Los extranjeros dijeron en el juicio que confiaban en que los trámites serían legales al tratarse de una oenegé.
