La intervención de la acusada Áurea Soto en la vista oral, en lo que se conoce como el "derecho que tiene a la última palabra", en la que dejó patente su intención de que su imputación de prevaricación continuada se traslada al juez instructor y a la Fiscalía, no supuso novedad alguna, debido a que en la fase de investigación ya dejaba clara la hoja de ruta a seguir en su defensa.

De ahí que aunque por parte de la judicatura se mostrase una sorpresa mayúscula por esas acusaciones en sede judicial, y que no tuviesen la respuesta oportuna por parte de la magistrada de lo penal, con la deducción de testimonio, representantes de otras organizaciones políticas las consideraron "totalmente fuera de lugar", así como todo lo que se "montó" en torno al juicio, al igual que sucedió en otros casos en el que estaban implicados responsables de otros partidos políticos.

Y mientras se está a la espera de la sentencia, que puede marcar un punto de inflexión sobre la controversia suscitada con las acusaciones de la exedil de Urbanismo, derivadas de las acciones que se puedan adoptar desde el ámbito judicial, desde el actual gobierno municipal se alude a que se debe "dejar actuar a los técnicos", que en el caso concreto dejaron claro, a través de los correspondientes informes, una realidad que difiere de la que defiende la exedil acusada.

Sobre las posible consecuencias que puedan tener las acusaciones de Soto, no supondría novedad alguna, ya que en su momento por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se llegó a plantear que la fiscalía actuase a raíz de las acusaciones de Soto contra los jueces de instrucción, que finalmente se limitó a una comunicación oficial.