El 8 de mayo Isabel Fuentes fue acuchillada hasta la muerte por su marido en la cama del hospital de Ourense. Ese día, el teniente coronel de la Guardia Civil tenía concertada una reunión con el fiscal jefe ante las sospechas de que la juez de Verín no había informado con detalle del "peligro" que corría la mujer tras el primer intento de homicidio, cometido un mes antes en el domicilio conyugal; una agresión que dejó a la víctima en coma. El crimen frustró el intento de los investigadores de que el sistema actuase La señora, de 66 años, fue asesinada por Aniceto Rodríguez sin ninguna medida de protección pese a las advertencias de la Policía Judicial de Verín.
La familia sostiene que la magistrada "ocultó deliberadamente" el atestado a la Fiscalía, tal y como habrían informado a la letrada particular el fiscal superior y el fiscal jefe, en dos reuniones celebradas en junio. Los parientes exigen un pronunciamiento expreso del ministerio público, por escrito, para poder recurrir así contra el archivo por parte del Poder Judicial de la investigación interna a la juez. Niega un expediente disciplinario el CGPJ al sostener que María Cristina Fernández Viforcos actuó "con arreglo" a la ley, "de forma motivada, con prontitud y sin demora". Esa postura choca con la convicción de los allegados, seguros de que el asesinato pudo evitarse.
Además de solicitar a la Fiscalía que aclare si efectivamente la magistrada no hizo llegar el atestado, sino que solo informó por teléfono sobre la denegación de lo que solicitaba (centrar en el esposo la causa, restringiendo las visitas para proteger a la mujer), la familia dirige un escrito similar al teniente coronel.
"Desatención de funciones"
En las reuniones llevadas a cabo por la abogada de la familia, Beatriz Seijo, se pudo comprobar una posible "desatención de funciones" de la magistrada, "puesto que, según tales afirmaciones, su presencia en el Juzgado se realizaba con carácter esporádico". En opinión de la familia, eso "habría contribuido a la actuación cuestionada", por no haber fijado comparecencia para que la Fiscalía decidiera si cabía medidas contra el sospechoso tras el primer ataque. "Parecía que la conducta de la instructora se orientaba a evitar desplazamientos".
Y dejan claro que la instructora "debió convocar oportuna comparecencia a fin de adoptar, en su caso, las medidas de protección respecto de la víctima, que se hallaba en clara situación de peligro". "En este desgraciado caso el resultado fue fatal y confirmó las advertencias de la investigación. Su señoría no adoptó ninguna medida tendente a la protección de Isabel", insisten sus allegados.
