El letrado Antonio Feijóo Miranda representa a la hija del constructor personada como acusación popular. Tras el alegato final, el letrado contestó asegurando que "su actuación ha causado un enorme perjuicio al patrimonio municipal, al regalar subsuelo público a una empresa privada, saltándose una sentencia judicial firme". El abogado consideró "gravísimas e injustas" las "descalificaciones" a la Fiscalía y el juez instructor. Aún en sala, en el trámite de informes, el querellante -cogió el testigo de una denuncia inicial de Democracia Ourensana -calificó la actuación de la exedil en el caso de San Antonio como una "grosera ilegalidad". La legalización del parking privado acordada en 2007 no cabía como se llevó a cabo, porque suelo y subsuelo habían sido cedidos a dominio público como dictaminó a su entender el TSXG y observó por escrito una técnico de administración general. En las distintas interpretaciones de resoluciones del Superior se asientan argumentos de las acusaciones y las defensas. Para la fiscal del caso, Isabel Cortés, "las interpretaciones sobran. Áurea Soto se encontró con un problema de una posible demolición valorada en 50 millones de euros, pero el fin no justifica los medios. Orquestó unas actuaciones y actuó a sabiendas". "Como no tenía apoyo en el Concello de los técnicos, acudió al abogado externo porque necesitaba que alguien le dijera que el subsuelo era privado". Además Soto "decidió", comparte el ministerio público, la indemnización para que la litigante desistiera. "No pagó una depreciación de un piso, sino que abonó su silencio", dijo el letrado particular. El ministerio público pide 10 años de inhabilitación para Áurea Soto; la acusación popular un total de 21 al apreciar "una concatenación de prevaricaciones". Pero la Fiscalía solicita además la nulidad de actos, es decir, que el aparcamiento privado bajo la plaza salga a concesión en caso de una condena.
