El mayor escándalo registrado en la Comisaría de Policía Nacional de Ourense en su historia reciente, tal y como lo califican puertas adentro, se investigará con una orden de silencio impuesta por el máximo responsable del caso, el titular de Instrucción Número Uno, Leonardo Álvarez, para evitar la difusión de datos sensibles, como matrículas de vehículos camuflados, pautas de vigilancias y actuaciones policiales, escuchas telefónicas o información sobre la aplicación informática en la que se dan de alta los casos bajo investigación.
Mientras, ayer aparecían varias pintadas -frente a la Catedral y en el barrio de A Carballeira- con descalificaciones hacia el cuerpo por las sospechas vertidas por la Unidad de Asuntos Internos sobre el grupo de estupefacientes, así como por el otro nudo de la investigación: la desaparición de 6 pistolas del búnker de la Comisaría Provincial, el punto de partida de este caso. Una incógnita con dos episodios, en agosto de 2014 y en febrero de 2015, que el juez quiere esclarecer con el interrogatorio, de momento, a 7 policías de distintas unidades citados como testigos, entre los que se incluye el secretario (número 3 en la cadena de mando).
Un anónimo puso en la pista
Nunca fueron aclarados los dos episodios y el primero ni siquiera salió a la luz. Se abrió una investigación luego archivada. En febrero, poco después del segundo episodio, un anónimo sacó a la luz ambos casos. Otro escrito sin identificación puso a Asuntos Internos sobre la pista. Nueve meses llevan en Ourense, indagando sin ser vistos. Como resultado de sus averiguaciones, cotejando las medidas adoptadas en la Comisaría, la unidad descartó un error y sospechó que la insólita desaparición fue supuestamente tapada desde dentro, para intentar zanjar el asunto sin mayores consecuencias.
Tras un largo periodo meses bajo secreto sumarial, el magistrado decidía alzar las reservas culminadas las detenciones de los trece primeros implicados en una de las derivadas, la primera en conocerse, la que tiene con ver con las relaciones presuntamente delictivas entre 4 agentes de la brigada antidroga -todos menos 2- y traficantes de la ciudad de los que obtenían información a cambio de datos sobre matrículas para evitar vigilancias o con la supuesta vista gorda para dejarlos aprovisionarse de estupefacientes antes de actuar contra su suministrador.
Pese a que no está establecido secreto de actuaciones, el juez lo ha impuesto de facto. El magistrado decano se ampara en que toda instrucción es por naturaleza materia reservada a las partes y advierte a las partes personadas, y a los propios investigados, sobre las posibles responsabilidades en el supuesto de que se publiquen en la prensa o se difundan a terceros informes, documentos o datos de los autos.
