Las defensas piden la nulidad de la prueba obtenida por detectives en el caso de Melón

Alegan que se investigó de forma privada un delito público y que no se denunció de forma inmediata porque "lo que de verdad se perseguía era la acusación por falsedad"

18.11.2015 | 02:41
La alcaldesa, en el centro, durante la segunda jornada del juicio, ayer en la Audiencia. // Iñaki Osorio

El juicio por un delito de falsedad contra la alcaldesa de Melón, Cristina Francisco Vílchez, quedó ayer visto para sentencia. La regidora se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia para finalizar la vista que comenzó el pasado día 5 y se aplazó por la ausencia de varios testigos. Junto a ella se sentaron también la trabajadora municipal, Mercedes L.D., y un vecino del mismo concello, David P.R., que había sido condenado previamente por un delito contra la seguridad vial a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. La ejecución de dicha pena se llevó a cabo en Melón, en convenio con la entidad local.

Las dos mujeres están procesadas por supuestamente cooperar con este vecino en un delito de quebrantamiento de condena y falsificar el documento enviado al Servicio de Gestión de Penas que acreditaba que el penado había cumplido los trabajos impuestos. Tanto el fiscal como la acusación particular que representa al PSOE sostienen que David P. no realizó todas las jornadas que le correspondían y que la alcaldesa, con la cooperación de la trabajadora, comunicó al Servicio de Penas que sí había cumplido sus horas. El Ministerio Fiscal pide 4 años y medio de prisión para cada una de ellas por falsedad y multas de entre seis mil y doce mil euros, mientras que la acusación particular eleva la petición de condena a 6 años de cárcel. Por su parte, David P. , acusado de quebrantar la condena por un delito de seguridad vial, se enfrenta a una pena de multa de 3.240 euros.

Este proceso es consecuencia de una investigación privada iniciada a instancias de un edil independiente, Emilio Díaz Vidal, ahora del PSOE, que contrató a dos detectives para comprobar si el penado cumplía la condena. Según sus informes, siete de las once jornadas no cumplió con su obligación.

Sin embargo, ninguna de las defensas da por válida esta prueba, por lo que han pedido la nulidad. Por un lado, censuran que detectives privados investigasen un delito público vulnerando la normativa y que, además, no denunciasen de forma inmediata los hechos cuando comprobaron que el penado no acudía a trabajar. Sostienen que la denuncia se demoró tres meses porque "su objetivo fundamental era una acusación por falsedad documental".

También ven "ilícito" que se manejasen datos personales del penado "que deberían ser confidenciales". En este sentido, critican que el concejal los usó y se los facilitó a los detectives para que realizasen el seguimiento.

Asimismo, el letrado de David P. aportó también como argumento de defensa que el delito de quebrantamiento de condena está prescrito ya que en el caso de los trabajos en beneficio de la comunidad tienen un plazo de un año y este tiempo ya había pasado cuando se formalizó la denuncia.

También se puso en tela de juicio la función de la alcaldesa en la vigilancia de los trabajos ante el Servicio de Gestión de Penas. Según su abogado, solo hay que buscar en Internet la normativa de Instituciones Penitenciarias para constatar que "el control de los penados no era su función, sino que es el servicio el que tiene que hacer el control y verificar si cumple sus competencias". Ninguna de las defensas cree que se hayan aportado "pruebas de cargo" que delaten que tanto la alcaldesa como la trabajadora "tuviesen conocimiento de que el trabajador no cumplía con su trabajo".

El fiscal fue tajante al considerar "probada" la colaboración necesaria de la alcaldesa en la firma del estadillo que ratificaba que el penado había cumplido su trabajo, fijado en jornadas de sábado entre el 18 de junio y el 27 de agosto de 2011.

La Fiscalía sostiene que, en realidad, "no se controlaba nada" porque los sábados no había personal en el ayuntamiento para verificar que el penado realizaba el trabajo comunitario (desbroces y vigilancia del monte). Según el ministerio fiscal, los investigadores privados contratados por el denunciante constataron que, al menos siete de las once jornadas de condena, no realizó labor alguna y que si la realizaba, ésta se reducía a pasear por el pueblo o hablar con los vecinos.

La acusación particular indicó que "era público y notorio que en el concello se hacían estos favores a cambio de votos", y recordó que el exalcalde y marido de Cristina Francisco fue condenado e inhabilitado por prevaricación. Pidió una sentencia condenatoria para "poner fin a esta dinastía de poder local".

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