Cinco horas de declaraciones iniciaron ayer el juicio que obligó a dejar el cargo, el pasado mes de enero, a la responsable del Urbanismo de Ourense entre 2007 y 2015, Áurea Soto. El caso de la Plaza de San Antonio, un litigio del ámbito urbanístico que Democracia Ourensana llevó a la vía penal, es asumido por la Fiscalía y por la acusación popular que ejerce el abogado de un constructor con un largo historial de pleitos contra el Concello por sus intereses particulares. La socialista, arropada ayer por varios de sus excompañeros, negó que hubiera prevaricado por legalizar en 2007 la céntrica urbanización, y el parking privado del subterráneo, pese a que la justicia lo había considerado dominio público. También se desvincula de la propuesta de indemnización, autorizada en 2009, a favor de una propietaria de la zona que desistió de pleitear contra las licencias de la Plaza tras percibir 358.000 euros.
En el primero caso, Soto se apoyó en el informe de un abogado externo, Carlos Hernández, que también se sienta en el banquillo como presunto colaborador necesario. El profesional considera el subterráneo como de posible titularidad privada. "El PXOM 2003 generaba una realidad nueva que calificaba la parcela como privada", dijo el letrado. También admitió que los técnicos municipales discrepaban. Varios funcionarios ofrecieron ayer una versión que rebate los alegatos. La más desfavorable fue una letrada consistorial que firma la propuesta de indemnización a la litigante.
La jurista aseguró que fue la exedil "la que decidió la cantidad" a indemnizar y repitió de forma insistente: "Las sentencias no eran susceptibles de interpretación, y desde 2004 el subsuelo era de dominio público, no hay ninguna duda. Toda explotación que no fuera directa tenía que haber sido sometida a concesión administrativa. El PXOM no puede cambiar a privada la titularidad de un dominio público que establece una sentencia ". La profesional asegura que advirtió verbalmente a la exconcejal. En la misma línea, una técnico de administración general que hizo dos informes sostuvo igualmente en la vista que "el subsuelo es público desde el momento en el que lo dicen los jueces".
Soto, que declaró durante más de hora y media y se apoyó en documentos y anotaciones, se ampara en que el PXOM de 2003, todavía vigente en 2007 -cayó cuatro años más tarde- permitía la titularidad de terceros. "No van a ser ilegales todas las licencias concedidas en 8 años porque el plan terminara anulado". Además, hizo hincapié en que la gestión municipal ante el Tribunal Superior evitó tener que derribar un complejo de viviendas, lo que habría afectado a unos 100 familias y requerido un coste de 40 millones de euros. "Llevo 2 años en un proceso penal por un asunto del ámbito contencioso", manifestó en el estrado.
En los autos del TSXG sobre ese incidente de inejecución, según interpreta Soto, la sala avala el acto administrativo. "No observó ninguna infracción grosera" en el hecho de que se hubiera autorizado un aparcamiento privado en el subsuelo de la plaza. Áurea Soto alega, asimismo, que "nadie me dijo que no se podía legalizar" y recurrió al letrado ajeno a la consistorial para tener "una opinión especializada en Urbanismo". Ella incide en que ese dictamen no fue rebatido sino incluso apoyado por un informe de la letrada consistorial y que el acto de valoración del piso afectado por la litigante tenía el amparo, además, de tres arquitectos municipales. El exjefe de la asesoría jurídica y la letrada municipal manifestaron en la vista que, por la ley de administraciones locales, tendrían que haber existido "primero un informe interno y luego el alcalde o concejal delegado tendrían la potestad de pedir uno externo", en opinión del exasesor.
Sobre la indemnización, entró en contradicción con la abogada del consistorio. No eligió ella la cifra, asegura Soto; sino que "la propuesta la firma la viceasesora jurídica", quien propuso la indemnización a la junta de gobierno. Nadie reparó esa iniciativa ni tampoco el TSXG, defiende, "hizo ningún requerimiento en 6 años para que cerrásemos el aparcamiento, si entendía que se estaba incumpliendo algo". La propietaria asegura que no vio a Áurea Soto hasta la firma del convenio de indemnización, y declaró que "cansada de tantos años de pleitos quería zanjar esa cuestión; cobré y punto".
La vista se reanuda esta mañana con la declaración, entre otros, del arquitecto que efectuó la valoración del piso de la particular.
