Serán cuatro imputados más y siete testigos los que, inicialmente, amplíen la fase de declaraciones por el caso de los traficantes y los policías de Ourense. Dos de estos nuevos investigados son, como ya informó este diario, los otros dos integrantes de la brigada provincial de estupefacientes. El magistrado Leonardo Álvarez, responsable de la instrucción desde el año 2014 -los últimos meses bajo estricto secreto-, firmó ayer las citaciones, que están en trámite de notificación. Por su parte, los cuatro agentes sobre los que se vuelcan las sospechas estuvieron ayer en la Comisaría y según el máximo responsable, Amable Valcárcel, pidieron la baja por motivos psicológicos. Los dos detenidos, el inspector jefe entre ellos, soportaron 3 días de calabozo con una incomunicación solo aliviada cuando les dejaron dormir en casa la noche previa a su comparecencia ante el juez.

Tras ser implicados en presuntos delitos por la Unidad de Asuntos Internos, los policías de Ourense esperan decisiones disciplinarias que también dependen del cauce burocrático de la Policía. Fuentes oficiales de la Comisaría Provincial aseguran que ayer les fue comunicado el inicio de expediente. El orden penal tiene prioridad sobre cuestiones administrativas, por lo que no habrá resolución definitiva hasta sentencia firme o archivo. Sin embargo, la Dirección General tiene la potestad de imponer la suspensión cautelar de empleo y suelo si lo considera oportuno. El SUP, que ha defendido su honor y luchará por que no los aparten, cree que esta misma semana, o la siguiente, podrían dar su versión ante funcionarios de Régimen Disciplinario.

Los cuatro policías que son investigados, la práctica totalidad de la brigada de estupefacientes de Ourense, con 6 efectivos según el catálogo -un agente estuvo de baja laboral y otro libre de sospechas acaba de cambiar de unidad-, lograron importantes incautaciones, con alijos de varios kilos, en la época de algo más de un año que llevaba al frente A. F. R., el inspector arrestado el martes junto a uno de los miembros de su unidad, el más veterano, F. M. A. Ambos están en libertad provisional, sin pasaporte, armas ni placa y deben presentarse cada semana en el juzgado.

La plantilla, los cuatro sindicatos con representación y ayer el comisario jefe, Amable Valcárcel, -que defendió su "honradez"- han cerrado filas con los funcionarios. Aún no hay una calificación expresa de delitos, pero fuentes del procedimiento aluden a que la investigación se enfoca en presuntos delitos como revelación de secretos, falsedad documental, contra la salud pública y omisión del deber de perseguir delitos. Los dos agentes no detenidos pero imputados habrían incurrido solo en el primero.

Según lo que ha trascendido de la causa, nutrida fundamentalmente por escuchas telefónicas durante al menos 9 meses, la unidad toleraba presuntamente la actividad de determinados traficantes a cambio de "chivatazos" importantes. Las grabaciones revelan llamadas de traficantes como la histórica "Pucha", uno de los tres presuntos traficantes entre rejas, para preguntar por matrículas al sentirse vigilada por vehículos camuflados. En su interrogatorio judicial le preguntaron también sobre las armas desaparecidas en la Comisaría, en dos ocasiones desde 2014, pero no sabía nada.

La jefatura contextualiza la idea de reestructurar el grupo, apuntada a este diario por varios fuentes. No habrá concurso para renovar las plazas a corto plazo. Entre tanto, además de los dos funcionarios que actuaron en el grupo, agentes de otras brigada de Policía Judicial, como la UDEV, e incluso funcionarios de paisano de Seguridad Ciudadana atenderán los casos y se reasignarán efectivos si es preciso.