El PSOE, acusación popular en el caso de las depuradoras, pide una investigación "sin chivos expiatorios", en palabras del portavoz en la Diputación y alcalde de Ribadavia, Ignacio Gómez. Tras la declaración, este jueves, de los dos inspectores adscritos a la oficina europea contra el fraude, la OLAF, que informaron de presuntos delitos en los procesos de adjudicación y de asistencias técnicas, los socialistas han reiterado al magistrado instructor, Luis Doval, que llame a declarar a responsables políticos. De momento, el único imputado es el funcionario jefe del servicio de Medio Ambiente de la Diputación.
Desde la apertura de la investigación penal, los socialistas han procurado que la causa salpique también a José Luis Baltar y Rogelio Martínez. El primero aún presidía la Diputación de Ourense cuando se pusieron en marcha, entre los años 2002 y 2004, el centenar de pequeñas depuradoras en aldeas del medio rural. El segundo, por su parte, se encargó de las negociación con los respectivos alcaldes.
Tras ver desoída esta petición en ocasiones anteriores, el PSOE cree que ahora procede una vez que los técnicos de la UE ratificaron el jueves ante el juez la existencia de ilícitos penales, alegando que la adjudicataria recibió información previa para poder adaptar su oferta. Por su parte, el letrado que representa al funcionario imputado pedirá nuevas testificales y una prueba pericial que aclare que las exigencias de materiales y características técnicas podrían ser cumplidas por otros fabricantes.
El testimonio de los dos funcionarios recabado esta semana se produce por orden de la Audiencia , tras levantar el archivo parcial que el anterior instructor del caso, Antonio Piña, adoptó justo antes de su ascenso a presidente de la Audiencia. El anterior instructor solo mantenía abierto el procedimiento referido a las asistencias técnicas, mientras que archivó el relativo al suministro.
Sin embargo, el tribunal de apelación consideró "escasa" la instrucción practicada por su actual presidente, a pesar de los "importantes indicios" que recogía el informe de los inspectores de la OLAF. El actual instructor, Luis Doval, resolverá sobre la causa tras analizar la petición de pruebas de la acusación popular y la defensa. La Fiscalía también pronunciarse, al igual que el Abogado del Estado, que anunció recurso ante el Supremo para que la Diputación devuelva los 10,1 millones de la cofinanciación de la UE.
