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El fiscal ve "insuficiente" el informe sobre el fuego del piso en el que murió Milia y pide una nueva pericial

Solicita que los bomberos ejerzan de peritos para determinar si la vida de los vecinos corrió peligro

Agentes frente al edificio el día del suceso. // Iñaki Osorio

El fiscal del caso del crimen del farmacéutico Tomás Milia, acuchillado en octubre de 2013 presuntamente por el joven rumano Alexandru Marius Luca, ha mostrado su disconformidad con el informe elaborado por la policía científica sobre el incendio provocado en el domicilio de la víctima con el objeto de destruir pruebas. El representante de la acusación pública ha elevado un escrito a la Audiencia en el que solicita que se revoque el auto de cierre de sumario dictado por el Juzgado de Instrucción 1 en agosto y se incorpore a las diligencias una nueva prueba pericial.

Sostiene el fiscal que el informe existente "es claramente insuficiente para determinar si dicho informe comportó riesgo para la vida o integridad física de las personas". Indica que quienes redactaron el documento no presenciaron el incendio y además "omiten datos reveladores del peligro". Pide por ellos que se practique una nueva prueba pericial a cargo de dos efectivos del cuerpo municipal de los Bomberos de Ourense que hubiesen participado en la extinción del fuego.

El fiscal solicita que se precise si fue necesario evacuar a los vecinos y si alguno de ellos precisó asistencia medica por esta causa. También pide que se aclaren los daños sufridos por una vivienda lindante, si esta estaba habitada, y si el fuego afectó a elementos comunes del edificio. El fiscal también apunta que, de no ser posible la redacción de este informe, se tome declaración en calidad de testigos a los bomberos actuantes, así como a los posibles perjudicados a fin de precisar la responsabilidad civil.

El representante fiscal insiste en la necesidad de esta base documental para decidir si el presunto homicida fue responsable de un delito de daños por incendio o de incendio con riesgo para la vida de las personas, lo que agravaría la condena al contemplar la ley penas de 10 a 20 años de cárcel.

Además, el ministerio público propone la realización de un reconocimiento psiquiátrico al acusado solicitado por la defensa.

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