El fiscal pide cárcel para dos pizarreros de 75 y 81 años por un fraude fiscal de 2002

Uno de los tres hermanos ya falleció - Las defensas solicitan la absolución - El exalcalde de Ourense, Agustín Fernández, declaró en calidad de perito

09.11.2015 | 22:40

El presunto fraude a Hacienda cometido por una empresa pizarrera, en el año 2002, llegó ayer a juicio. Ha pasado más de una década y uno de los tres hermanos procesados por un delito tributario ya ha fallecido. En el banquillo se sentaban ayer S. V. R. y A. V. R., de 75 y 81 años de edad. Ellos ostentaban los cargos de vicepresidente y secretario, respectivamente, en una empresa pizarrera de gestión familiar con domicilio en Carballeda de Valdeorras. Su hermano, el de mayor edad, era el presidente.

El fiscal los acusa de defraudar más de 126.000 euros. Ellos se acogieron a su derecho a no declarar. Las defensas sostienen que no existió delito y pidieron la libre absolución. En el peor de los casos, que la juez aplique la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, por el tiempo transcurrido. El supuesto delito se remonta al año 2002. El proceso judicial comenzó cuatro años más tarde, tras una querella que fue instruida por el Juzgado Mixto Número Dos de O Barco de Valdeorras. El magistrado cerró la fase instructora y abrió procedimiento abreviado en el año 2012. Antes de ayer hubo varios intentos previos de celebrar el juicio.

Según la versión de la Fiscalía, los hermanos pizarreros actuaron de común acuerdo, incumpliendo presuntamente "de modo consciente y voluntario", las obligaciones fiscales de la mercantil que representaban. Así, la empresa habría dejado de ingresar a la Hacienda Pública un total de 126.672,37 euros por el impuesto de sociedades del ejercicio 2002.

Posible multa de 400.000 euros

El ministerio público considera a los hermanos responsables de un delito contra la hacienda pública previsto en el artículo 305 del Código Penal. Ayer mantuvo los cargos tras la celebración del juicio, así como la petición de una condena de 3 años de prisión más una multa de 400.000 euros para cada uno, con 8 meses de arresto en caso de impago. En caso de condena, los acusados tendrían que indemnizar a la Hacienda Pública con la cantidad presuntamente defraudada. En el proceso es parte el Abogado del Estado para defender estos intereses.

En el juicio celebrado ayer en el Penal Número Uno de Ourense intervino el exalcalde Agustín Fernández en calidad de perito, por su condición de inspector de Hacienda.

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