La Audiencia reabre el caso de los altavoces al ver "precipitado" su archivo y ordena 3 declaraciones

Testificarán una exconcejal, el interventor municipal y una funcionaria

06.11.2015 | 02:38

El caso de los altavoces no ha terminado. La Audiencia Provincial de Ourense ha revocado el archivo que el juez instructor Luis Doval decretó el pasado mes de julio tras no apreciar "arbitrariedad e ilegalidad palmarias y conscientes". El máximo órgano judicial de la provincia ordena retomar la investigación porque ve "precipitado" su cierre. Expone el magistrado ponente, Manuel Cid Manzano, que "sin practicarse las diligencias testificales solicitadas por la parte recurrente en el recurso de apelación, no resulta procedente" dar carpetazo. No cabe descartar aún que haya delito.

La Sala da la razón en parte a la denunciante, la exconcejal de Urbanismo, Áurea Soto. La causa dilucida si existió delito por la compra, en 2006, de 295 altavoces nunca instalados a la empresa del líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Jácome, que entonces aún no era edil. Costaron 62.000 euros a cargo de una subvención de la Xunta y estaban proyectados para sonorizar 31 calles del Centro Comercial Aberto, pendientes de una segunda fase que no llegó a ejecutarse al cambiar el gobierno de la ciudad. Haría falta tender cable en 6 kilómetros de vía pública. La adquisición fue aprobada en junta de gobierno local, en la última etapa del ejecutivo del popular Manuel Cabezas. El único imputado fue Aurelio Gómez Villar, el concejal de Comercio que propuso la compra. Lleva unas semanas como asesor de Cultura en la Diputación.

Por orden de la Audiencia, el juez del caso tendrá que citar como testigos a la exedil del BNG que gestionaba el área tras la llegada del bipartito local, así como a una funcionaria y al interventor. La Sala subraya que sus declaraciones "pueden contribuir fundadamente a aclarar aspectos esenciales de controversia, como la verdadera existencia o no de procedimiento de contratación, crédito presupuestario o autorización del gasto".

En el informe de fiscalización del ejercicio de 2006, el interventor consideró ilegal el procedimiento y advirtió de que el gasto de 62.000 euros "no respeta procedimiento de contratación alguno. La única factura que se presenta se aprueba por la Junta de Gobierno fuera del orden del día, sin ningún tipo de fiscalización previa e informe justificativo"

Soto llevó este caso al juzgado en marzo de 2014, tras advertir en una rueda de prensa de que el PSOE también sabía "buscar en los cajones". Fue el contraataque a la sucesión de denuncias de DO y PP contra el anterior ejecutivo. la gota que colmó la paciencia socialista fue la denuncia de la reforma de las aceras del alcalde con cargo al Plan E.

Para la exresponsable de Urbanismo, la compra fue "absolutamente irregular, inexistiendo por completo procedimiento administrativo y la propia factura", por lo que veía indicios de prevaricación e incluso de malversación, ya que el material tardó un año en entregarse. La Fiscalía, en cambio, se opuso a su recurso de apelación y adujo que "los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal alguna, por atípicos".

La socialista recibe la razón en parte de la Sala, ya que además de las declaraciones testificales acordadas por el tribunal, quien fue responsable del Urbanismo de la ciudad entre 2007 y 2015 pretendía la citación como imputados de toda la junta de gobierno que aprobó la factura, incluido el exalcalde Manuel Cabezas. La Sala resuelve que primero los testigos, "claves para esclarecer la presencia o no de resolución arbitraria, con carácter previo a acordar en su caso la posible imputación de terceras personas".

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