Es la cuarta vez, según fuentes judiciales, que hay que suspender la vista oral contra un matrimonio acusado de presunta estafa continuada por importe de 67.000 euros. Los imputados, con domicilio en Tenerife, no comparecieron ayer ante el Penal Número Uno de Ourense. Como la petición de condena excede los 2 años de prisión no es posible juzgarlos en su ausencia. La magistrada suspendió el acto. Ahora la sede oficiará a un médico forense para que examine si la mujer puede comparecer o su estado de salud no se lo permite, tal y como ha alegado. Además apercibirá a los acusados con las consecuencias de no atender a las llamadas de la justicia. El Penal Número Uno asegura que ya en su momento llegaron a ser detenidos por no acudir al banquillo. El caso se demorará aún más; lleva 13 años abierto.
La Fiscalía pide 4 años de cárcel para ambos por un presunto fraude de 67.000 euros. Según la acusación, la mujer, socia mayoritaria de una constructora de viviendas, otorgó un poder por el que confería a su marido la cualidad de administrador único, pese a que la junta de la sociedad le había revocado el poder de administración a la mujer.
Presuntamente, el marido firmó contratos de compraventa de un chalé en fase de proyecto en Barbadás a una pareja que entregó en concepto de reserva 13.200 euros. Además le habría exigido la emisión de letras por importe de otros 42.000 euros a nombre de una sociedad que gestionaba el acusado. El chalé no llegó a entregarse. Según esgrime la Fiscalía, el acusado nunca pensó en llevar a cabo la construcción ya que ni siquiera existía licencia de obra sobre el terreno.
Con el mismo procedimiento, añade la Fiscalía, el hombre se habría presentado ante otra pareja como representante de la constructora, ofreciendo la venta de un chalé que se iba a construir en Amoeiro. Según la acusación pública, les mostró planos de la vivienda y la pareja firmó un contrato privado. Fijó el precio en 5 millones. Los compradores pidieron un préstamo y para que les fuera concedido, la sociedad gestionada por el acusado pignoró en garantía los derecho de un crédito sobre un depósito a plazo de 3 millones de pesetas. Presuntamente, los acusados se apoderaron de ese dinero.
