Las parlamentarias de BNG y Grupo Mixto, Carme Adán y Carmen Iglesias Sueiro, comparecieron ayer en Ourense junto a representantes de la Marcha Mundial das Mulleres y de la Mesa pola Normalización Lingüística para escenificar su indignación ante la devolución de un escrito de queja que pedía investigar una posible negligencia del sistema en el asesinato de Isabel Fuentes en el hospital de Ourense, acuchillada por su esposo. Como adelantó FARO el pasado 26 de octubre, el Ministerio de Justicia devolvió el escrito sin entrar al fondo del asunto, sino porque estaba redactado en gallego. "É unha conculcación gravísima dos dereitos lingüísticos", denunciaba ayer la parlamentaria Iglesias Sueiro.
El colectivo feminista cursó una reclamación patrimonial simbólica, el pasado 28 de septiembre, que pretendía poner el foco sobre la falta de medidas por parte de la juez pese a las sospechas y advertencias por escrito de la Guardia Civil. Más de 1.200 ciudadanos y una treintena de asociaciones de toda Galicia se sumaron a la petición de responsabilidades por la desprotección de la víctima. Ese rechazo por cuestión del idioma ha causado malestar.
Establece la Constitución que el castellano es la lengua oficial del Estado y que las demás lenguas españolas también lo son en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal, instancia a la que compete tramitar quejas como la registrada por el colectivo feminista, se basó en el artículo 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común: "La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano".
El consejero técnico de la Subdirección General firma una resolución de fecha 1 de octubre por la que "se devuelve el mencionado escrito a fin de que sea presentado en lengua castellana, conforme a lo establecido en la citada norma". Para que prime la investigación, la Marcha Mundial traducirá el escrito al castellano y volverá a registrar la queja ante Subdelegación.
"É gravísimo que a administración, en lugar de pór facilidades, poña trabas lingüísticas para presentar un escrito sobre o máis grave que lle pode acontecer a unha muller, como é ser asasinada. O Estado debería ter sensibilidade coa pluralidade", lamentó ayer en Ourense la representante de la Mesa, Mónica Pazos.
Para la diputada autonómica del BNG, Carme Adán, la no admisión del escrito no se comprende cuando la Constitución reconoce la cooficialidad de idiomas, y de acuerdo al Estatuto y la Lei de Normalización Lingüística. La nacionalista ve en el rechazo de la queja "unha burla ás mulleres". La parlamentaria ourensana Carmen Iglesias criticó la traba del idioma cuando "xa é complicado acudir á xustiza, máis se non podes empregar a túa lingua".
El Bloque y el Grupo Mixto pedirán a Vicepresidencia de la Xunta "que interceda ante o Estado para que se admita a trámite o escrito en galego e o Consello Xeral do Poder Xudicial recoñeza que se pode empregar". Adán anunció iniciativas en O Hórreo para que surta efecto.
