El juzgado de O Carballiño ha citado a declarar este jueves al exsecretario y a otras tres personas, en el marco de la investigación por lo penal contra el alcalde de Boborás, Cipriano Caamaño (PP), que está imputado. Su casa fue construida sin tener licencia y legalizada diez años después. Se averigua si el regidor cometió irregularidades.
Además del exsecretario, han sido citados en el juzgado el brigada de la Guardia Civil que llevó a cabo la investigación para la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), el redactor de la delimitación de núcleo de A Almuzara -donde fue levantada la vivienda-, así como el ingeniero agrícola al que le encargaron los trabajos en la finca "en la que se inventó una vivienda para poder justificar en el Plan General de Ordenación Municipal (PXOM), la clasificación de la finca del alcalde como suelo rural tradicional", según sostiene el grupo de la oposición MOVE Boborás.
Caamaño defiende la legalidad
Por el momento, han declarado ante el juez el propio alcalde y un asesor jurídico municipal. El regidor ha defendido que la actuación fue correcta y ve intereses espurios de la oposición. El regidor es investigado por un supuesto delito contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público y tráfico de influencias, en relación con la documentación de la parcela del pueblo de A Almuzara, por haber manipulado supuestamente la planimetría para poder certificar la existencia, en 1999, de la casa construida diez años después.
La denuncia de la oposición y de un vecino provocó la anulación parcial del PXOM, en la zona donde está emplazada su vivienda. Entonces, un particular acusó al alcalde por "inventar" una edificación para justificar una ampliación del núcleo rural tradicional de A Almuzara para que "quedase incluida en el mismo la parcela del alcalde y su esposa, y legalizar así la vivienda", denuncia a la que se sumaron con posterioridad PSdeG y Move Boborás, quienes acusaron al regidor de "falsear" la fecha de construcción con el objetivo de regularizar la situación en el Catastro.
Además, Move Boborás y el PSOE acusan al secretario en aquel entonces, y actualmente director general de la Axencia de Protección de Legalidade Urbanística "(APLU), José Antonio Cerdeira, de negarles la copia de los expedientes en base a un artículo de la ley reguladora "que habla del padrón municipal".
Según los denunciantes, el equipo redactor del PXOM "a instancia del alcalde querellado y en connivencia con él", mantuvo la "preexistencia de una edificación tradicional inexistente" para ampliar la zona de A Almuzara y "poder legalizar en definitiva la vivienda del querellado y su esposa, construida desde 2008, sobre suelo rústico".
La vivienda fue legalizada por decreto del Ayuntamiento de Boborás del mismo día que el de la aprobación del PXOM, el 16 de diciembre de 2011. Además de los cuatro testigos, las acusaciones pretenden que declaren también la mujer del alcalde y el arquitecto municipal.
