Sostiene el Poder Judicial que "conociendo la Fiscalía las actuaciones y, en concreto, el atestado ampliatorio en el que se recogían las incongruencias que llevaron a la Guardia Civil a sospechar" del marido de Isabel Fuentes tras el falso robo en su domicilio que la dejó en coma -un mes antes de que la asesinara en el hospital de Ourense-, el ministerio público "tampoco promovió petición o cuestión alguna ni recurrió el auto". Este y otros argumentos con los que el órgano de la judicatura justifica el archivo de la investigación interna a la juez de Verín han enervado a la familia. La abogada que los defiende, Beatriz Seijo, está trabajando en el recurso -tiene un mes de plazo- y se mostró indignada con el fallo del Consejo.
A la manifestación anterior, contesta con contundencia la letrada: "Si es cierto lo que me dijeron en reuniones el fiscal superior de Galicia y el fiscal jefe de Ourense, a la Fiscalía no se le dio la oportunidad de intervenir. La gran negligencia en este caso es que, según lo que me transmitieron los fiscales, la juez ocultó el atestado de la Guardia Civil y por lo tanto una situación de peligro para la víctima y un caso claro de violencia de género".
Una queja de la familia llevó al Promotor de la Acción Disciplinaria a abrir una información previa, el trámite anterior a un hipotético expediente disciplinario. El Poder Judicial no ve caso porque, según sus explicaciones, la magistrada de Instrucción 1 de Verín, Cristina Fernández Viforcos, "actuó con arreglo a lo dispuesto en la legislación procesal y adoptó todas las resoluciones que procedían de forma motivada, con prontitud y sin demora".
El investigador jefe, de baja
Molesta con una "investigación absolutamente sesgadas", Seijo dirigirá un escrito a la Fiscalía Superior de Galicia y a la Guardia Civil para que conste por escrito su versión sobre la actuación del sistema. "La cuestión está clara: alguien miente, o la juez ocultó algo o la Fiscalía no me dijo la verdad". Quiere que el ministerio público plasme lo que le manifestó en privado. Según señala la letrada, el responsable de la investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil -actualmente de baja por estos hechos- intentó comunicarle el atestado en mano varias veces pero no lo consiguió porque la juez no estaba. Dejó dos copias en el juzgado. Según el Consejo General, a la Fiscalía se le llegó a dar traslado.
Según habrían precisado los fiscales en sus reuniones con la abogada particular, "solo hubo una comunicación de la juez por teléfono con lo que iba a resolver [rechazó restringir las visitas del esposo y volcar el caso en él], sin dar traslado nunca del escrito ni informar de un caso de violencia de género donde la Guardia Civil advertía del peligro que corría Isabel". Porque siempre según la abogada, ante esas advertencias de los investigadores, "la Fiscalía me aseguró que hubiera pedido una comparecencia y medidas de alejamiento, si es que no el ingreso en prisión. Había una mujer en coma. Este es un caso claro de negligencia", subraya.
