Pese a las críticas por la complejidad y duración de sus casos, del juzgado de Pilar de Lara en Lugo han empezado a desgajarse ramas del tronco matriz de la Pokemon, la mayor causa contra la corrupción llevada a cabo en Galicia. Antes de la más reciente inhibición de la parte referida al grupo Vendex y sus presuntos negocios ilegales con funcionarios y políticos, que terminará de instruir la Audiencia Nacional, la magistrada ya decidió que se investigara en Ourense la presunta financiación ilegal del PP provincial. Aquella primera decisión no ha tenido efectos en la práctica a pesar de los meses transcurridos. Se debe a un recurso por resolver del expresidente José Luis Baltar que retiene dicha pieza en Lugo.
Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia corroboraban estos días que la remisión a Ourense del caso se ve retrasada por una apelación en trámite en la Audiencia Provincial de Lugo. Las mismas fuentes también confirmaron que la pieza separada sobre la supuesta caja B del PP ourensano no se verá afectada por la inhibición de la parte de la Pokemon asociada al grupo Vendex. De modo que el dictamen del tribunal de Lugo despejará el siguiente paso.
El 25 de junio, la magistrada De Lara dictaba un auto en el que requería investigar en Ourense si José Luis Baltar pudo cometer supuesto delito electoral, falseamiento de cuentas y cohecho por las presuntas irregularidades en la financiación del PP provincial mientras estuvo al mando.
La autoridad ordenó abrir diligencias previas después de una investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera que se nutrió de las revelaciones y aportaciones documentales del que fue gerente del partido a lo largo de 27 años, Emilio Pascual, molesto con el exbarón ya que considera que lo señaló ante la juez en una declaración previa, en 2014.
Unas semanas después de ese auto respondía, a través de su abogado, el extitular del PP y de la Diputación de Ourense. Su escrito tardó casi 2 meses en ser admitido a trámite y ahora es objeto de estudio por la Audiencia Provincial de Lugo, que decidirá.
Como se detalla en el despiece de esta información, el abogado de Baltar padre alega que la supuesta falsedad contable ya habría prescrito y además desacredita al principal testigo del caso, el exgerente Emilio Pascual, a quien acusa de moverse por la "venganza", el "rencor", o la "envidia". Con la financiación cuestionada, "la máxima autoridad del partido en materia contable" era el testigo, según la versión de la defensa, "aunque se le confiera, paradójicamente, la condición de testigo cualificado".
La defensa ve "nulo" el caso
El abogado, el ourensano Luis Romero, considera además "nulas" las investigaciones de Aduanas, "por "vulneración de derecho a la defensa y a un procedimiento con todas las garantías", al haberse mantenido "una investigación paralela durante 8 meses, a espaldas del imputado, ajena a las garantías constitucionales y con palmaria vulneración de defensa". Pone como ejemplo los interrogatorios realizados a la mayoría de integrantes de la candidatura del PP por la ciudad de Ourense en el año 2007, cuyos nombres figuraban en facturas, y que fueron "decididas por los propios agentes" del Servicio de Vigilancia Aduanera, "sin que conste autorización judicial alguna para su práctica y, por supuesto, sin que hubieran sido notificadas a las partes personadas", según el abogado.
En relación al supuesto amaño de las cuentas del PP de Ourense, una organización que según la magistrada pudo estar financiándose "ilícitamente" a través de un "elaborado" sistema de facturación "falsa y ficticia", el letrado entiende que las supuestas irregularidades se habrían cometido "en el ámbito de la actividad particular en su faceta política y no como autoridad o cargo público". Como Baltar Pumar dejó de ser el 31 de enero de 2010 el presidente del PP de Ourense -su hijo José Manuel lo relevó tras ganar un congreso- y los delitos tendrían una pena inferior a 3 años, estarían "prescritos a los tres años desde su comisión". Por tanto, según la defensa, la actuación investigada estaría "prescrita desde el 31 de enero de 2013", algo que también ocurriría con el supuesto delito electoral, según la apelación que estudia la Audiencia Provincial de Lugo.
Sobre el cohecho, el letrado sostiene que las donaciones supuestamente recibidas "se produjeron en el marco de actuación del partido político", destinándose al pago de facturas del PP emitidas en campañas electorales.
