El Estado defiende que el programa europeo que financió las depuradoras no está cerrado

El anuncio de recurso ante el Supremo para que la Diputación devuelva 10,1 millones niega que la reclamación haya prescrito -En la institución hay "absoluta tranquilidad"

26.10.2015 | 22:41
Una de las depuradoras compactas instaladas. // Jesús Regal

La resolución del recurso de casación que el Abogado del Estado anunció ante el Tribunal Supremo en el "caso depuradoras" podría alargarse hasta 2017. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estimó la primera de las cinco alegaciones de la Diputación contra el expediente de reintegro de 10,1 millones de euros que inició el Ministerio de Hacienda abría un plazo para la contestación por la vía de casación y el Estado ha anunciado que recurrirá.

Si el pasado día 3 el presidente de la institución, José Manuel Baltar, anunciaba con alivio que la sentencia de Madrid libraba a la Diputación de devolver el dinero, ante el anuncio de recurso mostró ayer su "absoluta tranquilidad" y confianza en que esta nueva fase en el procedimiento se resuelva de forma favorable a la institución. "Es una máxima del derecho, y hay una frase lapidaria que dice que 'el Abogado del Estado no puede allanarse' porque como defiende el interés general tiene siempre que recurrir, recurrir y recurrir", explicó. En este sentido, se muestra partidario de respetar las fases y hacer uso de la posibilidad de defenderse ante ese recurso aunque no duda de que, como defienden los servicios jurídicos de la Diputación, "el caso está diametralmente claro".

El anuncio de recurso formulado por la Abogacía del Estado adelanta los criterios de su defensa que se centran exclusivamente en la cuestión de la prescripción. El TSJ de Madrid sentenció que la reclamación por parte del Ministerio de Hacienda se hizo fuera del plazo establecido desde el cierre de los programas Daredo y Deputrans estimando así la alegación formulada por la Diputación y sin entrar ya a valorar el resto de irregularidades detectadas por la oficina antifraude de la Unión Europea que dieron lugar a la reclamación de los fondos comunitarios concedidos a estos proyectos.

El Estado, sin embargo, defiende que los plazos los marca el programa en el que se integran dichos planes, en este caso el Interreg III A España-Portugal 2000-2006 que abarca numerosos proyectos tanto en Galicia como en otras regiones transfronterizas, y que aun no está cerrado. La Diputación defiende que lo que cuenta a la hora de iniciar una acción de reintegro es el plazo del proyecto que se cuestiona y, en este caso, los planes Daredo y Deputrans no solo estaban cerrados sino que el plazo para reclamar había expirado incluso cuando la OLAF inició la investigación en octubre de 2011.

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