UGT suma tres denuncias ante Inspección de Trabajo por los defectos del nuevo edificio judicial de Ourense y ayer, el responsable de Justicia del sindicato, Manuel González Carvajal, advirtió con presentar nuevas quejas en caso de que la Xunta no cumpla los plazos de mejoras comprometidas por escrito para la sede. Aunque la administración defiende que la infraestructura -su gran obra de inversión de los últimos años- cumple con todas las normativas más allá de retoques, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha fijado un plan de acción que, además, UGT tilda de "genérico e inconcreto, con simples recomendaciones y plazos de ejecución de 3 a 6 meses".

Además de acciones de limpieza y mantenimiento, o para evitar caídas y golpes -instalando barandillas, eliminando escalones peligrosos o señalizando peldaños-, la administración se compromete a reforzar la iluminación artificial de un edificio en el que las oficinas de funcionarios ocupan habitáculos interiores. UGT dice que la Xunta ha encargado un estudio a una empresa de electricidad y contempla un gasto de 30.000 euros. "Los trabajadores se encuentran mucho más cansados; no quieren estar en este edificio", manifiesta Carvajal.

El sindicato critica el equipamiento del edificio, inaugurado en febrero después de más de 17 millones de inversión, en caso de una emergencia. Sigue esperando a que el Concello de Ourense informe sobre si cumple la ley de evacuación al carecer de ventanas. El sindicato denuncia que en contra de lo que establece la normativa no existe una zona de refugio para personas discapacitadas, bocas de agua para la captación de los bomberos, un local de emergencias o un desfibrilador. Hace unos días, el jefe territorial de Xustiza y representantes de los colectivos judiciales se reunieron para iniciar la puesta en marcha del plan de emergencias. De momento se limita al nombramiento del juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, como responsable también de esa función.

La Xunta ha ido implementando algunas medidas, como la instalación de barandillas en los accesos después de varias caídas graves. En abril, el decano remitió un escrito con una treintena de mejoras y obras, entre las que se incluían la petición de retirada de la malla exterior, la apertura de ventanas o la sustitución de las puertas giratorias de la entrada. La Xunta descartó cambios estructurales.

A UGT también le ha llamado la atención que el informe de prevención de riesgos de la Xunta establezca que "no coincide la dotación y ubicación de los medios de protección contra incendios con los que reflejan el proyecto". Por eso pide explicaciones al Concello, al ser la administración que concedió la licencia de ocupación. UGT y CC OO realizarán concentraciones de delegados y funcionarios, delante del edificio judicial, "para que se visualice la situación de riesgos a la que se tienen que enfrentar los trabajadores y los usuarios". Manuel Carvajal denunciaba ayer que "para este tipo de inversiones, la administración no cuente con los funcionarios y apruebe un pliego donde la funcionalidad cuenta solo un 20%".