Piden cárcel por estafas a inmigrantes para 4 acusados de una fundación sin ánimo de lucro

El presidente se hacía pasar por asistente social o abogado y prometía resolver los papeles por pagos de 100 a 2.000 euros -Más de una veintena de extranjeros fueron víctimas del fraude

25.10.2015 | 02:42
El Penal Uno dedicará en exclusiva a este caso una semana de finales de noviembre. // Iñaki Osorio

Más de una veintena de extranjeros fueron engañados por una fundación sin ánimo de lucro con sede en la Rúa do Progreso, en Ourense. Más de ocho años después, cuatro personas se sentarán en el banquillo, acusados de un delito continuado de estafa y de otro continuado de falsedad en documento oficial. La Fiscalía pide una condena de 3 años de cárcel para cada uno, una multa de 4.320 euros y que devuelvan el dinero que todas las víctimas les confiaron para que resolvieran sus trámites. Cantidades variables, entre 100 y 2.000 euros.

El juicio se celebra a finales de noviembre en el Penal Número Uno. Por la cantidad de víctimas y otros testigos que tendrán que declarar en la vista, la sede ha reservado una semana para dedicarse al completo a enjuiciar este caso. Los hechos se remontan a 2005, 2006 y 2007.

Las diligencias penales se iniciaron en este último ejercicio en Instrucción Número Uno. Los acusados ostentaban distintas responsabilidades en una fundación sin ánimo de lucro con oficina en la ciudad. El ministerio público sostiene cargos contra la persona que ejercía como presidente desde finales de 2003, M. A. V. S., de 45 años de edad; la secretaria desde 2005, L. M. T. M., de 46 años; y dos trabajadoras de la sociedad, M. J. V. S., de 45 años; y E. L. C., de 34.

Según el escrito de calificación de hechos, la Fiscalía los acusa a todos de actuar de mutuo acuerdo, "aprovechando el respaldo que les proporcionaba la fundación", para "captar" extranjeros que acudían en busca de ayuda con la que resolver trámites propios o de sus familiares. Sostiene el ministerio público que el presidente hacía creer a las víctimas que era asistente social o, en otras ocasiones, abogado. Presuntamente les prometía que resolverían su situación a cambio de pagos de entre 100 y 2.000 euros, según las posibilidades económicas de los perjudicados.

Firmas y sellos falsificados

Según la acusación pública, una vez entregadas las cantidades, el presidente elaboraba con apariencia de credibilidad diversos documentos, como certificados de empadronamiento, informes de inserción social o de arraigo. Asimismo, el máximo responsable de la fundación habría simulado el sello del organismo pertinente, como el de la Brigada de Extranjería, e incluso firmas de funcionarios. Con estos papeles falsos en su poder, los interesados acudían a la Subdelegación a realizar sus trámites, desconociendo según la Fiscalía que habían sufrido un engaño. Al ver las anomalías, los trabajadores públicos rechazaban las solicitudes.

La investigación determinó, y así fue asumido por el ministerio público, que en la sede de la asociación y una agencia era donde los acusados realizaban las actividades irregulares. La Policía llevó a cabo registros. Los días 7 de marzo y 13 de agosto de 2007, los agentes se incautaron de distinta documentación de personas nacionales y de origen foráneo, así como de recibos expedidos por los imputados, en relación a las cantidades que les entregaban los perjudicados.

Según la Fiscalía, las víctimas "estaban en el convencimiento absoluto" de que el presidente se dedicaba a dicha actividad de forma legal y actuaba en representación de una ONG. Los afectados, incide el ministerio público en su versión de los hechos, "creían que resolverían su situación administrativa". En el escrito de acusación menciona una veintena de casos, "entre otros muchos", para definir el mecanismo que presuntamente utilizaron. Así obraban cuando un extranjero acudía con el fin de regularizar su situación, y creyendo que la entidad era de asistencia social y ayuda a inmigrantes.

Por ejemplo, en abril de 2006 una mujer contactó con la intención de lograr una autorización de residencia para su hermana. Pagó 200 euros y el presidente presuntamente le entregó documentos falsificados, incluida la firma falsa de una funcionaria de la Comisaría de Ourense. Otra mujer entregó 600 euros y algunos documentos de referencia para regularizar su situación. Según el fiscal, el acusado le entregó varios papeles supuestamente manipulados y la acompañó a la Subdelegación a entregarlos.

Relata el ministerio público que otra víctima perdió su documentación y contactó con la asociación para arreglar sus permisos de residencia y trabajo. La interesada pagó 500 euros y recibió también un informe de arraigo manipulado, con palabras sustituidas y datos reproducidos por fotocopia. El modus operandi se reprodujo en los meses siguientes y en una veintena de situaciones que la acusación pública reproduce para que conste al juzgado. Los perjudicados fueron extranjeros de varias nacionalidades.

Un hombre habría pagado 500 euros y recibió un informe falsificado, además de papeles con las firmas simuladas de varios funcionarios. Otro dio 1.400 euros en dos plazos y con los papeles elaborados por los acusados recibió dos negativas de la Subdelegación. También en su caso habrían falseado firmas e incluso un contrato de trabajo. Según otra mujer, el acusado se encargaría de tramitar su residencia, para lo que le había hecho entrega de recibos de alquiler o billetes de avión, además de 250 euros como pago. En los registros, la Policía Nacional encontró documentos falsificados relativos a este caso. Por ejemplo, se reprodujo un certificado de empadronamiento del Concello, intentando pasar como originales un sello oficial y una firma.

Una de las víctimas se quejó por la falta de resultados después de hacer realizado un primer pago. Se sintió engañada tras la denegación de su solicitud y exigió la devolución del dinero al presidente. Este argumentó que tenía que pagar a su empleados.

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