Hoy S. G. X. tiene 8 años. De por vida necesitará tratamientos y la asistencia de terceras personas por graves problemas de movilidad y un retraso mental avanzado. Sus padres, de Ourense, hacen frente con sus recursos a un 90% de los gastos necesarios para mejorar su calidad de vida, ya que la cobertura pública es limitada. Una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reconoce que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) cometió una mala praxis por no detectar una alteración genética del feto en una prueba de amniocentesis realizada en el año 2007. Aunque el error se produjo en un laboratorio externo de Barcelona, la sanidad gallega y su compañía aseguradora deben asumir las consecuencias. Los progenitores serán indemnizados con 400.000 euros por daños morales y para compensar los gastos de años de terapias.
Los padres, que prefieren mantenerse en un plano más discreto, contaron con la asistencia jurídica del letrado Cipriano Castreje, cuyo despacho de A Coruña lleva en Galicia todos los casos del "Defensor del Paciente". El Superior dictamina que una mala praxis en la detección de una alteración genética (en concreto, la pérdida de un segmento cromosómico), "privó a los padres del derecho a decidir si interrumpir o no el embarazo, lo que no pudieron hacer al no ser informados de una alteración que genera un retraso mental severo". "Perdieron la oportunidad de poder elegir", subraya el letrado a FARO.
En el procedimiento judicial, el Sergas alegó que los padres conocían los riesgos de que la prueba de laboratorio fallara, según un consentimiento informado. La sentencia del TSXG determina que dicho consentimiento, que según el letrado no existió "en absoluto", tampoco ampararía una mala praxis.
La Sala se pronuncia al respecto con estos términos: "Esta pérdida de la oportunidad de elegir no solo se produce cuando la prueba destinada a detectar esta anomalía genética no se realizó debiendo hacerlo, sino también cuando pese a su práctica no se detectó la anomalía existente por una mala praxis en la prueba de amniocentesis".
Del CHUO a Santiago
La madre, enfermera de profesión, estaba convencida de que su hijo tenía un problema que en el servicio de Pediatría del CHUO no apreciaban. Una médica de familia coincidió con los temores de la progenitora y le recomendó que buscara otra opinión médica en otro centro. El niño fue examinado en Santiago de Compostela por neuropediatras. Allí se le diagnosticó un retraso mental severo. "En Ourense negaban tal circunstancia, señalaban que el niño ya evolucionaría y que tenía que crecer", sostiene el comunicado difundido ayer por el Defensor del Paciente. "Fue lo que más indignó a los padres. A pesar de que la madre insistía en que el niño no gateaba, no sonreía o no se sentaba, la pediatra hacía caso omiso. Se sentían desolados e impotentes", ampliaba ayer el abogado a este periódico.
El Tribunal Superior da la razón al letrado de A Coruña, quien defendía que "la enfermedad no la crea la actuación del médico, el cual, no podría evitar la enfermedad, pues se trata de una patología que afecta al feto desde el momento mismo de la concepción. Lo único que tiene que hacer la administración sanitaria es detectarla e informar a los padres de dicha circunstancia". Sostiene el abogado que la mala praxis "fue grosera, puesto que la anomalía genética se podía ver con un microscopio óptico; era un caso claro".
Los padres se quedaron sin "meses" de tratamientos especializados y rehabilitación temprana hasta que neuropediatría del hospital de Santiago confirmó el grave retraso mental del niño. El fallo del TSXG les ha transmitido "alivio y alegría", según su letrado. "La indemnización no resuelve el problema, evidentemente, pero es una gran ayuda para que el niño tenga un colchón económico para que pueda ser atendido de la mejor manera posible".
