El magistrado decano de Ourense, Leonardo Álvarez, también es desde ayer responsable de la implantación del plan de emergencias en el nuevo edificio judicial. Así se acordó en una reunión informativa celebrada el mismo día en que el edificio de O Couto, que fue inaugurado en febrero después de una inversión de más de 17 millones, registrara el enésimo incidente. Una placa de vidrio de varios metros del vestíbulo se desencajó de su anclaje y fue necesario cerrar el paso en una parte del acceso al inmueble para evitar incidentes. Es la que usan sillas de bebés y discapacitados. Comisiones Obreras (CC OO) y UGT emitieron un comunicado conjunto para denunciar los "defectos constructivos" de la sede.
El cristal no llegó a caer. El personal de mantenimiento acordonó la zona exterior una vez que se detectó el desprendimiento y se puso en contacto con la empresa instaladora. A primera hora de la tarde trabajaban en la reposición de la pieza. CC OO y UGT critican que no les hayan dado copia de la inspección de la Xunta realizada hace meses ni copia del proyecto, donde entre otras cuestiones se especifican el tipo y calidad de los materiales.
Más de 1.000 personas, de media, pasan a diario por el edificio. Desde su puesta en funcionamiento, entre marzo y abril pasados, se contabilizan tres denuncias de UGT ante Inspección de Trabajo, varias caídas de ciudadanos y trabajadores en las escaleras de acceso o quejas de personas con discapacidad. El decano lideró una petición de una treintena de obras y cambios, como abrir ventanas para ganar ventilación y luz, reubicar servicios prioritarios o mejorar los habitáculos de los funcionarios. La Xunta descartó en agosto cualquiera reforma que implique tocar el proyecto arquitectónico. La Xunta incide en que el inmueble cumple toda la normativa.
Hubiera percance o no, desde hace días estaba prevista la reunión entre representantes de colectivos judiciales y técnicos de la Xunta, que tuvo lugar ayer. El decano, el fiscal jefe, la secretaria coordinadora, el encargado de mantenimiento y portavoces de abogados, procuradores y el Imelga se sentaron a la mesa con el jefe territorial de Xustiza, Manuel Pardo, y técnicos de prevención de riesgos de la Xunta.
Según el juez decano, "nos informaron sobre la necesidad de un plan de emergencias ante riesgo de explosión, incendio o amenaza de bomba. Habrá un curso de formación y operaciones de simulacro". Pese a las dudas, la Xunta no despejó nada sobre las dudas de UGT acerca de si la falta de ventanas complicaría una evacuación.
