El servicio de ayuda a domicilio del Concello de Ourense se convirtió en los últimos años en foco de conflicto y polémica, que sigue en la actualidad, aunque la concejal de Servicios Sociales, Sofía Godoy, lo concreta a un problema entre la empresa adjudicataria y las trabajadores, además de indicar que por parte del gobierno se intenta mediar para que puedan alcanzar un acuerdo, "después de las reuniones que mantuvimos con el comité de empresa y la dirección", y que dice "se desconocen al no darle publicidad".
Lo que también reconocía la edil de Servicios Sociales es la existencia "de algún incumplimiento" del pliego de condiciones técnicas y administrativos por parte de la empresa Seralia, y citó en concreto las ayudas técnicas, que fue clave para la adjudicación del servicio municipal, aunque luego señaló que "en general lo están cumpliendo".
Pero lo que advierte Sofía Godoy, en la misma línea que anunció el alcalde, Jesús Vázquez, es que " los incumplimientos tendrán consecuencias", pero sin concretar cuales. Y señaló que el conflicto es entre la empresa y sus trabajadoras, y la solución pasa por "el diálogo" , algo que dijo se está dando, por lo que considera que "se va por el buen camino".
Otra de las cuestiones que considera importante es la de mejorar la ordenanza existente, por lo que "pedimos aportaciones", y que tienen como objetivo de referencia "lo mejor para los usuarios" del servicio de ayuda a domicilio.
Despidos y reducción
El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) denunció a finales de agosto que la empresa Seralia, que se hizo cargo del servicio municipal de Ayuda a Domicilio desde el 10 de febrero, presenta una oferta muy por debajo del resto de empresas que concurrieron a concurso, la reducción de la jornada laboral y despidos.
Y así, desde el sindicato se alerta de que a los cuatro meses de asumir el servicio municipal, había iniciado los trámites de un ERTE de reducción de jornada de hasta un 40% sin acuerdo con los trabajadores, que fue rechazado posteriormente por la autoridad laboral por falta de sostenibilidad.
De ahí que solicitasen al Concello que vele por las cláusulas de la concesión como garantía del servicio, a la vez que denunciaban que y denuncian que no se hiciese nada al respecto.
La empresa, por su parte, alegaba disminución en el número de usuarios del Concello para justificar las medidas de despidos y reducción de jornada.
